La derecha y ultraderecha lanzan un duro ataque al gobierno español por la crisis del coronavirus

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recibió este miércoles artillería pesada de la oposición de derecha y de la ultraderecha, que le reprochó graves errores en la gestión de la crisis del coronavirus y le atribuyó la responsabilidad por los muertos, además de acusarlo de querer perpetuarse en el poder.

En la primera sesión de control parlamentario al Ejecutivo desde la entrada en vigor del estado de alarma el 14 de marzo último, Sánchez pudo constatar que está lejos de contar con la «unidad» que reclama en el frente político para sentar las bases para la salida de la actual emergencia y para una «reconstrucción» social y económica.

«Queremos la victoria total y lo queremos hacer con la unidad. Apelo a su fuerza política y a toda la Cámara para llegar a un acuerdo”, subrayó Sánchez en su intervención utilizando el habitual lenguaje épico de su relato político en el marco de la lucha contra la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, Pablo Casado, el líder del principal partido opositor, el conservador Partido Popular (PP), no sólo eludió su oferta de reeditar unos Pactos de La Moncloa, en referencia al acuerdo político y social forjado en España durante la transición de la dictadura y a la democracia, sino que puso en cuestión sus intenciones, y le atribuyó la responsabilidad por las más de 18.000 víctimas fatales provocadas por la pandemia de coronavirus.

El político conservador culpó al gobierno de coalición entre el PSOE (Partido Socialista) y Unidas Podemos (UP) que lidera Sánchez, de que España sea «el país con mayor número de fallecidos por coronavirus del mundo» como consecuencia, según dijo, de su «política nefasta».

España es el país de Europa con más muertos por coroanvirus, por delante de Italia, mientras que Estados Unidos lidera en la cifra global de fallecimientos, con más de 26.000.

Además, Casado puso en duda la voluntad de Sánchez de llegar a un acuerdo con el PP en el marco de la actual crisis: «Cuatro son los minutos que nos ha dedicado en 24 días (…) A usted solo le importa el poder y a nosotros solo nos importan los españoles», le reprochó.

«Usted no es el Rey. Si quiere pactar, hágalo con luz y taquígrafos» en el Parlamento, añadió el político conservador, quien considera que la apelación de Sánchez a los acuerdos de La Moncloa es una «cortina de humo».

Sánchez se defendió de Casado afirmando que las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno con la recomendación de los expertos científicos «funcionan», como demuestra que los contagios «hayan pasado de crecer a un ritmo del 35% al 3% actual», sostuvo.

Más dura fue la vocera del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien afirmó que en el gobierno «no son capaces ni de contar a los muertos».

Por su parte, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, del partido de izquierda UP, fue el blanco de ataque de los ultraderechistas de Vox, que lo acusaron de querer imponer en España «un régimen totalitario y comunista» siguiendo los pasos de Venezuela, según la diputada Macarena Olona.

«Le voy a pedir un poco de seriedad, respeto a la Cámara y a muchos ciudadanos españoles que llevan un uniforme blanco y se están jugando la vida y la salud para protegernos a todos», le respondió Iglesias.

Desde el lado aliado y con un tono más constructivo, Gabriel Rufián, el vocero del partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), preguntó a Iglesias si creía que realmente se estaba protegiendo a los más vulnerables, y éste admito que quizás no se ha hecho «lo suficiente» y «se pueda hacer mejor».

En medio de una creciente tensión política y con la pandemia en retroceso, el gobierno español debe decidir en los próximos días los pasos de la «desescalada» del confinamiento, que comenzaría después del 26 de abril.

Sánchez comenzará a reunirse por videoconferencia a partir de mañana con todos los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria para seguir explorando la posibilidad de un gran «acuerdo de país», que cree necesario para afrontar el difícil escenario de recesión que pronostica el FMI para España.