La corte suprema de Brasil suspendió a última hora el juicio de un caso con potencial para afectar los derechos de los indígenas a sus tierras ancestrales, parte de una disputa a menudo violenta con el agronegocio.

Apenas algunas decenas de indígenas se congregaron este miércoles frente a las puertas de Supremo Tribunal Federal (STF), muy lejos de la masiva manifestación que se esperaba asistiese a la definición del caso postergado hasta nuevo aviso.

«Los pueblos indígenas viven bajo amenaza en Brasil justamente por la falta de demarcación de sus territorios. Una vez que los pueblos se organizaron para reclamar sus tierras pagaron un precio por eso a manos de los latifundistas que están ahí, y los pistoleros que contratan para impedir la lucha», dijo a la AFP Lindomar Ferreira, líder indígena de la etnia Terena.

Se esperaba que el máximo tribunal pudiera sentenciar tres procesos con efectos sistémicos sobre las normas actuales para reconocee la propiedad de vastos territorios indígenas, especialmente en la Amazonía.

Pero la corte retiró el caso más sensible luego de que la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Ejecutivo responsable del tema y una de las partes del litigio, solicitara incorporar nuevos elementos al expediente.

Las otras dos causas que sí fueron juzgadas tuvieron una evalución positiva por las organizaciones que protegen los derechos de los pueblos originarios, que las consideraron un precedente positivo ya que denegaron el pago de una indemnización al estado de Mato Grosso por la expropiación de tierras del Parque Nacional Xingu y las reservas Nambikwára y Parecis.

Uno de los puntos clave de la disputa aún pendiente es la llamada «tesis del marco temporal»: un criterio jurídico que sostiene que sólo pueden reivindicar sus tierras ancestrales -un derecho garantizado la Constitución de 1988- aquellos indígenas que estaban ocupándolas al momento de la promulgación de la Carta Magna, o que puedan probar que fueron expulsados de allí por la fuerza.

Para los defensores de los indígenas, esa interpretación limita los derechos consagrados constitucionalmente porque algunas tribus tienen tradición nómade o porque simplemente fueron desplazadas por la fuerza antes de 1988.

En Brasil viven 896.900 indígenas, que representan el 0,4% de los 202 millones de habitantes y sus áreas ocupan el 12% del territorio del país.