Foto: Gentileza de EFE
La candidata de la correísta Revolución Ciudadana (RC) a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, dijo este viernes que aceptó la protección de las Fuerzas Armadas, después de recibir un alerta por un posible atentado en su contra, que se da en el marco del clima de violencia en el país, donde el mes pasado fue asesinado un postulante durante la campaña electoral.
«Hoy acepté lo que indicó el presidente Guillermo Lasso para que las Fuerzas Armadas me den seguridad», señaló González, quien disputará el balotaje del 15 de octubre con Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), en una entrevista con radio Medio Mundo
«He aceptado el apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y la democracia de los ecuatorianos», apuntó.
González, que de imponerse en la segunda vuelta sería la primera mujer electa presidenta en Ecuador, se refirió al alerta por un posible intento de asesinato, después de que este jueves fuera detenido un hombre que supuestamente estaba involucrado en un atentado en su contra.
«Hay un señor que dice que tenía que entregar unas bombas y que el objetivo era Luisa González», manifestó.
El expresidente Rafael Correa denunció el jueves de esta semana en la red social X (exTwitter) que había un hombre detenido con armas que supuestamente iban a ser utilizadas contra la candidata de RC.
Tras la primera vuelta del 24 de agosto, Lasso ordenó al Ejército ocuparse de la seguridad de los dos postulantes que avanzaron al balotaje.
La decisión se produjo luego de que el 9 de agosto fuera asesinado el candidato por el Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, cuando salía de un acto de campaña en Quito.
«Esto es muy preocupante, porque se afecta la democracia», manifestó este jueves Luisa González, que dijo que no suele usar chaleco antibalas, pero que probablemente comience a hacerlo.
«No puede ser que el discurso se quede en un chaleco, sino en la garantía que debemos tener todos los ciudadanos en cuanto a seguridad, y en este caso los candidatos a presidente», indicó.
«Todos estamos en riesgo mientras no se vuelva a tomar el control del país y a actuar sobre la seguridad de los ciudadanos», añadió.
Ecuador sufre una ola de violencia y cerró 2022 con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble que en 2021.
Quito, la capital, vivió entre el miércoles y ayer una inusual serie de ataques con granadas, mientras dos coches-bomba explotaron frente a sendas sedes del organismo que gestiona las cárceles, en lo que aparentaba ser una nueva muestra del poder de las organizaciones criminales, que protestaron de esa manera por las continuas requisas en las prisiones.
En medio de la sangrienta guerra entre bandas, las cárceles fueron sede de varias masacres, mayormente por choques entre las organizaciones y en algunos casos por motines, que dejaron más de 430 presos muertos desde 2021.
En todo el territorio ecuatoriano rige actualmente un estado de excepción y otro para el sistema carcelario, por 60 días cada uno, luego del crimen de Villavicencio.
Ese estado de excepción es el que habilita que militares patrullen las calles e intervengan en el control de las prisiones, a donde se extiende la guerra de bandas, en general aliadas a cárteles mexicanos y colombianos de drogas.
«Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país», escribió ayer Lasso en la red social X, antes denominada Twitter.
Y agregó: «En la lucha contra el crimen organizado necesitamos el trabajo de todo el Estado, pero hago énfasis en el sistema de justicia. Les pido a los jueces que actúen con celeridad y mucha rigurosidad».
