El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, insistió acerca de su inocencia, calificó como «un asalto al orden constitucional» al proceso de destitución abierto en su contra por el Congreso, controlado por la oposición, y alertó sobre «terribles consecuencias para el país» si se lo despoja del poder.
En una entrevista televisada anoche desde el Palacio de Gobierno, Kuczynski denunció que el parlamento está forzando una «vacancia (destitución) exprés» sin respetar los plazos de un proceso, pues la moción para inhabilitarlo por «incapacidad moral permanente» se presentó el viernes pasado y será votada el próximo jueves.
El mandatario desmintió la acusación del Congreso de intentar supuestamente ocultar consultorías de su empresa Westfield Capital a la brasileña Odebrecht por las que la constructora pagó más de 782.000 dólares entre 2004 y 2007, cuando Kuczynski era ministro en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.
«Se me acusa de cosas que sucedieron años atrás. No he cometido ningún crimen. No he hecho corrupción, ni he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está fiscalizado, reportado y tributado», sentenció Kuczynski.
El presidente peruano reconoció que obtuvo dividendos como dueño de la empresa con esos contratos que aseguró desconocer hasta esta semana, pues reiteró que, mientras era ministro en el gobierno peruano, su empresa estaba gestionada por el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien firmó los contratos con Odebrecht.
Esos contratos fueron remitidos esta semana por la misma Odebrecht a la comisión parlamentaria que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato, la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil que involucró a otros países de la región.
Kuczynski lamentó que haya congresistas que ya tengan decidido que votarán a favor de la destitución sin ni siquiera haber escuchado los argumentos de su defensa.
Animó a los peruanos a defender la democracia frente a la autocracia y reconoció sentirse «absolutamente capacitado» para continuar siendo el jefe del Estado.
La incapacidad moral permanente por la que el Congreso pretende destituir a Kuczynski está establecida en la Constitución para inhabilitar al jefe de Estado por hechos extraordinarios que no necesariamente incurren en delitos, como cuando el ex presidente Alberto Fujimori renunció por fax desde Japón el año 2000.
