A pesar de las críticas y las protestas que se iniciaron en diversas ciudades de Italia, el Gobierno nacional continúa con su plan de eliminar la «renta de ciudadanía«, un subsidio de desempleo que otorgaba hasta 780 euros. A partir del próximo mes, este subsidio cambiará de nombre y solo se entregará a familias que tengan a su cargo menores de edad, personas mayores de 60 años o discapacitadas que no puedan acceder a un empleo.
«Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra. Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía«, destacó publicamente Marina Calderone, ministra de Trabajo. Ella es la vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, esta tajante postura provocó una fuerte reacción.
En la campaña electoral de 2022 que llevó al Ejecutivo a Giorgia Meloni, esta medida había sido prometida. En este sentido, la premier comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene.
El principal argumento del Gobierno es que las personas consideradas «ocupables», entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta. Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana (INPS) 895.000 familias recibieron la renta básica en junio.
Los datos oficiales, de todos modos, muestran que, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%.
Calderone argumentó que «frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% son difíciles de encontrar».
En varios puntos del país hubo protestas luego del anuncio de eliminicaión, especialmente en el postergado sur, donde se concentraron los recortes al programa. A nivel político, la oposición de centroizquierda liderada por Conte afirmó que suprimir la renta básica es desencadenar «una guerra ideológica con la piel de los pobres».
¿Compensación con nuevas medidas?
Las personas que el Gobierno llama «ocupables» que no tengan empleo recibirán 350 euros a través del denominado Apoyo para la Capacitación y el Trabajo. Este será un programa que durará 12 meses en vez de los 18 de la renta de ciudadanía, a la vez que será asignado a las personas y no a los grupos familiares. Así, solo en una familia con tres o más desocupados entre 18 y 59 años será más conveniente la nueva herramienta, según aduce el Gobierno.
La otra medida con que el Gobierno quiere reemplazar la renta de ciudadanía es el denominado «subsidio de inclusión«, que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera «no ocupables», o sea mayores de 60, menores de 18 o con discapacidad. El nuevo subsidio dará entre 480 y 560 euros mensuales a los beneficiarios, más un complemento para alquiler de hasta 3.360 euros al año, que se pagarán a partir del 1 de enero de 2024 a través de una tarjeta ad hoc que será emitida por el Gobierno.
