Los guatemaltecos votaban hoy para elegir presidente y renovar el Congreso, sin grandes ilusiones de superar la pobreza y la violencia, tras una campaña electoral marcada por la exclusión de candidatos y persecución a la prensa.
Unos 9,4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del presidente de derecha Alejandro Giammattei, quien llega al fin de su mandato de cuatro años con 76% de desaprobación, según sondeos.
Los casi 3.500 centros de votación abrieron sus puertas poco después de las 7 (las 10 en Argentina) para cerrar a las 18. Los primeros resultados oficiales se esperan para las 21 (la medianoche en Argentina).
La socialdemócrata Sandra Torres, exesposa del difunto mandatario Álvaro Colom (2008-2012), es quien encabeza la intención de voto con un 21,3%, seguida por el centrista Edmond Mulet con 13,4%.
Zury Ríos, representando a la derecha, reunía un 9,1%, y el oficialista de derecha Manuel Conde llegaba con un 5,8% de intención de voto.
Torres sería la primera mujer presidenta de Guatemala, y ha hecho de esto uno de sus caballitos de batalla durante la campaña.
Mulet, exfuncionario de la ONU, promete sacar al Ejército a las calles de forma «temporal» para combatir la delincuencia.
Hay 22 candidatos presidenciales, algo usual en Guatemala.
Si ninguno obtiene mayoría absoluta, habría un balotaje el 20 de agosto.
Además, serán elegidos 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Los primeros escrutinios oficiales se conocerán unas tres horas después del término de la votación.
En Guatemala, el voto es voluntario y está prohibida la reelección.
«Tengo que ir a votar. Yo creo que la votación es muy importante porque el granito que puede dar uno es un gran avance para el pueblo», dijo Darlyn Jiménez, vendedora de celulares de 22 años en la capital, a la agencia de noticias AFP.
«Nosotros queremos mejoras, no queremos empeorar más», agregó
También hay centros de votación en 15 ciudades de Estados Unidos, donde viven 2,8 millones de guatemaltecos, aunque solo 90.000 están registrados para votar.
La pobreza y la violencia impulsan a miles de guatemaltecos a emigrar a Estados Unidos cada año.
Con 71,1% de informalidad laboral, Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina, según el Banco Mundial.
Unos 10,3 millones de sus 17,6 millones de habitantes viven en la pobreza y la mitad de los niños de menos de cinco años sufre desnutrición crónica, de acuerdo a la ONU.
Otro problema agobiante es la inseguridad, pues la tasa de homicidios de Guatemala triplica el promedio mundial, según la ONU.
Ninguno de los principales candidatos promueve legalizar los matrimonios igualitarios ni el aborto, que solo está permitido si hay riesgo para la madre, tras una campaña con todo tipo de promesas y frecuentes invocaciones a Dios.
Con control sobre el Poder Judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos y persecución a fiscales que combatieron la corrupción, Guatemala navega por aguas turbulentas.
Hace dos semanas, el dueño de un diario crítico del gobierno, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, en un juicio denunciado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Su rotativo, fundado en 1996, dejó de publicarse el 15 de mayo.
La Asociación de Periodistas de Guatemala documentó 117 casos de violaciones a la libertad de prensa en 2022, entre las que destacan acoso judicial, limitaciones para coberturas y casos de exilio.
Además, las autoridades electorales y judiciales excluyeron de la contienda presidencial a dos aspirantes con opciones: al empresario derechista Carlos Pineda y a la indígena de izquierda Thelma Cabrera.
Esto generó desconfianza y desinterés por los comicios, lo que explicaría el récord de 13,5% de ciudadanos que pretenden votar nulo, un número alto en comparación con el 4,1% de votos nulos que se registraron en la primera vuelta de 2019.
Para analistas y ONG, Guatemala vive un retroceso al autoritarismo como reacción de poderosos sectores político y empresariales a la labor de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU que ayudó a destapar sonados casos de corrupción, entre 2007 y 2019.
El entonces presidente de derecha Jimmy Morales puso fin a la Cicig en 2019 y Giammattei no intentó resucitarla.
