El gobierno de Estados Unidos anunció que reanudará la ejecución de reclusos que se encuentren en el corredor de la muerte por delitos federales luego de una pausa de 16 años.

El fiscal general, William Barr, dijo en un comunicado que había ordenado a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que programara las ejecuciones de cinco reclusos, condenados por asesinatos o violaciones de niños o ancianos.

Barr también ordenó a la BOP incluir una adenda en el Protocolo Federal de Ejecuciones, para reemplazar el uso de un cóctel de tres fármacos (a veces ineficaces) en las ejecuciones federales por el uso de un solo medicamento, el pentobarbital.

El pentobarbital es un potente sedante que ralentiza el cuerpo, incluido el sistema nervioso, hasta provocar la muerte.

La orden de Barr «allana el camino para que el gobierno federal reanude la pena capital después de casi dos décadas», dice el comunicado.

«Bajo los gobiernos de ambos partidos (Demócrata y Republicano), el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores criminales», dijo Barr en su mensaje.

«El Departamento de Justicia defiende el mandato de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial».

Diferencia entre pena federal y pena estatal

Las cinco ejecuciones están planeadas para diciembre de 2019 y enero de 2020 en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana, en el noreste de EE.UU.

El anuncio supone el levantamiento de una suspensión informal sobre la pena de muerte federal, aunque en varios estados han seguido vigentes, desde la ejecución en 2003 de Louis Jones Jr, un veterano de guerra de 53 años que asesinó a Tracie Joy McBride, una soldado de 19 años.

Bajo el sistema de justicia de EE.UU., los delitos pueden ser juzgados en tribunales federales (a nivel nacional), o en tribunales estatales (a nivel regional).

Ciertos delitos, como la falsificación de moneda o el robo de correspondencia, se juzgan automáticamente a nivel federal, mientras que otros se juzgan en tribunales federales en función de la gravedad de los mismos.

En 1972, la Corte Suprema de EE.UU. ilegalizó la pena capital a nivel estatal y federal.

Pero en 1976 la restableció en varios estados y en 1988 el gobierno aprobó que la pena de muerte pudiera aplicarse otra vez a nivel federal.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 78 personas fueron condenadas a muerte en casos federales entre 1988 y 2018, pero solo tres han sido ejecutadas.

Actualmente, hay 62 reclusos en el corredor federal de la muerte.