Investigadores rusos acusaron este miércoles al activista opositor ruso, Alexey Navalny, de un nuevo delito que podría prolongar su estancia en prisión por un caso de fraude que él y su entorno consideran una represalia política del Gobierno por su activismo.
El Comité de Investigación ruso, encargado de estudiar los delitos más importantes, acusó a Navalny, un férreo opositor al Gobierno de Vladimir Putin, de haber creado una organización que viola los derechos de los rusos.
Según dijo el comité, el Fondo contra la Corrupción (FBK) fundado por Navalny «incitó a los ciudadanos a cometer actos ilícitos», en particular «a participar en concentraciones no autorizadas».
El FBK y otras organizaciones de Navalny fueron clasificadas como «extremistas» en junio por la justicia rusa y desde principios de agosto están oficialmente prohibidas.
Según el Comité de Investigación, el opositor y sus colaboradores «organizaron la difusión, en sus páginas personales en Internet y en sus páginas del FBK […], de publicaciones que pedían a los ciudadanos rusos que participaran en concentraciones no autorizadas en enero», cuando tuvieron lugar varias manifestaciones de apoyo a Navalny, en protesta por su arresto.
«Navalny sabía que esas protestas eran de naturaleza ilegal», consideraron los investigadores, señaló el Comité en un documento, informó la agencia de noticias AFP.
El movimiento del activista está sometido a una fuerte presión desde que Navalny regresara a Rusia en enero, tras haberse recuperado de un caso de presunto envenenamiento en Alemania.
El opositor fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde permaneció cinco meses para recuperarse del envenenamiento que atribuye al Kremlin, que éste negó desde un principio.
El opositor cayó en coma súbitamente en agosto pasado en Siberia y fue trasladado a Alemania para ser hospitalizado.
Varios laboratorios europeos estimaron que había sido envenenado con un agente neurotóxico llamado Novichok, desarrollado en la era soviética con fines militares
La Justicia rusa confirmó a mediados de febrero el veredicto contra Navalny, una sentencia que varios países y ONGs consideran como política y que aumentó las tensiones entre Rusia y Occidente.
Tras el supuesto envenenamiento, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá adoptaron sanciones contra altos responsables rusos.
Navalny, de 45 años, cumple en la actualidad una pena de dos años y medio en una colonia penitenciaria.
Sus aliados aseguran que que todas estas medidas están destinadas a entorpecer las actividades de la oposición de cara a las elecciones legislativas de septiembre.
