El centro de Río de Janeiro se convirtió hoy en un escenario de guerra, con corridas, piedrazos y represión policial con balas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes que protestaban contra el proyecto de privatización de la empresa de abastecimiento de agua que trata la Asamblea Legislativa.
El gobierno de Río de Janeiro impulsa la privatización de la Compañía Regional de Aguas y Alcantarillas (Cedae), una medida considerada imprescindible por el gobierno de Michel Temer para liberar un paquete de asistencia económica para el estado que se declaró el año pasado, después de organizar los Juegos Olímpicos, en situación de «calamidad financiera».
Al menos cuatro policías fueron heridos y un manifestante fue detenido, dijo el canal GloboNews.
Manifestantes encapuchados lanzaron bombas molotov y piedras a los cordones policiales que rodearon a la Asamblea Legislativa, tras lo cual se lanzó la represión.
Varios negocios del centro de Río tuvieron sus vidrieras rotas en medio de las corridas.
En el interior de la sede legislativa algunos de los diputados regionales tuvieron que utilizar máscaras para respirar sin dificultades.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, se encuentra en un momento delicado ante la justicia, ya que la Policía Federal lo incluyó entre los sospechosos de haber recibido sobornos de la red que había montado su ex jefe político, el ex gobernador Sergio Cabral,
El gobernador, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del presidente Temer, dijo hoy a una radio que pidió al gobierno federal tener listas las tropas nacionales en caso de que la policía se declare en huelga por atraso en el pago de salarios, como ocurre en el vecino estado de Espirito Santo.
El jefe de gabinete del gobierno federal, Eliseu Padilha, dijo por su parte que personalmente impulsa que las Fuerzas Armadas puedan actuar contra «los revoltosos» en las protestas callejeras, algo que es prohibido por la Constitución.
