Transportistas e instituciones que trabajan con personas con discapacidad realizaron una concentración este miércoles para exponer la grave situación económica que atraviesa el sector por el atraso registrado en la actualización de aranceles. Advierten que si bien venían atravesando un escenario complejo, todo terminó de dinamitarse con la llegada del nuevo Gobierno y los sucesivos aumentos en el precio de los combustibles. Por esta razón, desde el 1º de enero está paralizada la prestación del servicio.
«Estuvimos reclamando todo el 2023 frente al proceso inflacionario que vivimos. Tuvimos que estar reclamando en las calles un aumento de aranceles que nunca alcanzaba a la inflación, pero el golpe más duro llegó en diciembre, con la llegada de Javier Milei y el aumento exponencial de 230% en el combustible. Eso nos arrojó a la imposibilidad de trabajar», lamentó el presidente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), Pablo Bolego.
La protesta se llevó a cabo este miércoles, con una concentración de representantes de transportistas y representantes de instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Oroño y Cochabamba. Allí recordaron que los servicios están paralizados desde el primer día de este año.
«Lo veníamos anunciando: a partir del 1 de enero se dejaron de brindar servicios de atención a personas con discapacidad. Esto produjo que las instituciones estén con las puertas abiertas pero literalmente vacías. Hoy los transportistas y todo el campo de la discapacidad estamos reclamando una recomposición arancelaria, que es necesaria», señaló Bolego.
En enero pasado, el Gobierno fijó una actualización de aranceles que se dividió en 20% para ese mes y otro 10% en febrero, algo que desde el sector consideran profundamente insuficiente, más teniendo en cuenta que muchas veces cobran a 60 o 90 días.
«Eso no alcanza para nada, es una gota de agua en el desierto», cuestionó el presidente de Atraes, quien contó que varios de sus colegas optaron en el último tiempo por vender sus unidades para hacerse de los fondos necesarios para seguir subsistiendo.
En ese sentido, la titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis), Mariel Chapero, quien también estuvo presente en la manifestación, resaltó que el 30% de actualización arancelaria es profundamente insuficiente.
«Hay un efecto dominó: las instituciones no vamos a poder afrontar los gastos que son necesarios para poder sostener la calidad que el mismo Estado exige. Si el sistema está desfinanciado. Estamos en un esceanrio de quiebre», remarcó.
Desde el sector entienden que un 60% de actualización arancelaria total es un número que podría llegar a posibilitar el retorno de los servicios suspendidos desde el 1º de enero pasado, lo que equivale al doble de lo fijado.
