Jujuy: un tubo de ensayo para proyectar la aniquilación de derechos en todo el país

Por Alejandro Maidana

Jujuy tiene una composición de personas que se reconocen como parte, o como descendientes de comunidades originarias muy alta. En algunos de los últimos censos ese número se acerca a más de la mitad de la población, supera el 50% ampliamente, lo que brinda una característica particular a la conformación social del territorio. Cabe destacar que esto también pone en relieve y sindica a las distintitas comunidades como un actor importante en la construcción social y cultural del territorio jujeño.

Las áreas rurales o semirrurales vienen teniendo desde hace siglos una pelea muy fuerte por lo que es la tenencia de las tierras, por no hablar de otros factores con mayor anclaje en lo social vinculados a estas comunidades. Las mismas fundamentalmente se desarrollan viviendo de la agricultura familiar, de la agroganadería, o sea, sistemas muy diversificados asociados a un calendario agrícola y ganadero que está vinculado a la estacionalidad. Esto a su vez está vinculado al aprovechamiento racional de los recursos, en muchos casos con prácticas sustentables muy interesantes en un contexto de cambio climático.

Es así que desde 1946, por poner una fecha, cuando se sucedió el primer Malón de la Paz, se vienen dando largas peleas que tienen que ver con que las comunidades, si bien son reconocidas por derecho internacional, no tienen acceso a la tierra. Entonces en Jujuy la tenencia de la tierra es uno de los ejes fundamentales de lucha y de disputa donde las comunidades originarias juegan un rol fundamental pidiendo que se le otorguen los títulos de propiedad comunitaria por derecho constitucional.

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Y aquí debemos hacer un paréntesis, a partir de 1994, con la Reforma de la Constitución Nacional y la provincialización de los recursos, cada provincia adquiere cierta autonomía en la gestión de sus recursos naturales y de sus bienes comunes, en particular en las ciudades o en las provincias donde hay una representación indígena muy alta. Esto le da paso a una conflictividad que se ha extendido en el tiempo, ya que el Estado nunca ha estado a la altura del reconocimiento de esos derechos indígenas, pensándolos de forma transversal a la gestión de recursos naturales.

En ese sentido, en el 2006 hubo un segundo Malón de la Paz, debido a que existía un fallo a nivel nacional, un fallo judicial que pretendía la entrega de un millón y medio de hectáreas a comunidades coyas y guaraníes en 10 departamentos de la provincia de Jujuy, y el gobierno provincial intentaba declarar un inconstitucional para no hacerlo. “Eso generó otro Malón de la Paz que lamentablemente terminó con las promesas de entregar títulos de propiedad en el año 2007, un acuerdo que nunca se cumplió. En ese contexto es que asume Gerardo Morales con una política que, desde el comienzo, desde el 2015, sabemos que es absolutamente autoritaria y arbitraria. Un poder ejecutivo que se toma atribuciones permanentemente de poder judicial, diciendo yo voy a meter presa a esta persona, o voy a realizar tal detención”, indicó en dialogo con Conclusión la bióloga Florencia Barbarich, integrante del espacio Pueblos por el Agua.

En ese contexto de atribución de los poderes, o del poder ejecutivo en particular muy complejo, a muy poquito de asumir, Morales modifica el número del Superior Tribunal de Justicia justamente con un interés de dominar de alguna manera también este poder, además de atribuirse las facultades, desde adentro para asegurarse las mayorías. “En este contexto es que Morales en su segundo mandato toma esta decisión como poder ejecutivo, una decisión que le corresponde al poder legislativo, de hacer una reforma constitucional. Una reforma constitucional que debe ser una herramienta del pueblo para control del poder político, termina siendo un interés del poder político de cambiar una constitución que puede garantizar una forma de operar sobre el territorio”.

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En ese contexto, la declaración, la escritura, la aprobación y luego la jura de la Nueva Constitución Provincial en Jujuy, abraza una cantidad de irregularidades notorias. Resulta imprescindible resaltar que Gerardo Morales lo que hace es actuar como gobernador, como constituyente, y como precandidato a presidente, violando el artículo 100 de la Constitución Provincial que se encontraba vigente. “El contexto de conflictividad es muy grande, ya que antes de las elecciones se venía hablando fuertemente y se venían presentando notas de que no podía haber una reforma constitucional a espaldas del pueblo, mucho menos a espaldas de las comunidades originarias, pero a espaldas de la población en general. Los convencionales constituyentes asumieron, a los muy pocos días se desataron manifestaciones enormes encabezada la lucha por los docentes, porque la nueva constitución también, cuando se conoció muy tarde el proyecto de la nueva constitución, o sea, no tuvo debate público para las comunidades originarias, no se respetó la consulta libre, previa e informada, obligatoria, porque está consagrada en los derechos indígenas del artículo 169 de la OIT”.

En todo este marco, es menester resaltar que los docentes vienen encabezando la lucha, ya que son quienes primero alertaron de que esta nueva constitución los afectaba como sector. Los mismos ya venían negociando sus paritarias con los salarios más bajos, y la constitución se metía particularmente con algunas libertades que tienen que ver con sus estatutos, pero por, sobre todo, con una regulación del derecho a la protesta, que hasta este momento viene siendo la única herramienta para que los distintos sectores puedan manifestarse, destacando que se trata de un derecho ganado en la constitución nacional.

Entonces, en ese contexto se inicia también, a la par de la lucha docente y de la lucha de otros sectores gremiales que empiezan a pararse frente a la constitución, un movimiento muy fuerte de los pueblos originarios. “El 14 de junio se inicia la marcha del Tercer Malón de la Paz, donde Comunidades de La Puna y La Quebrada marcharon desde distintos puntos de la provincia, rechazando explícitamente la nueva constitución. Al día siguiente de que sale esta marcha pacífica, se aprueba en horas de la madrugada la reforma de Gerardo Morales. Esto sucedió el 15 de junio, el 16 hubo una marcha enorme en San Salvador de Jujuy, donde confluyeron distintos sectores, o sea, una multisectorial muy grande, y el Tercer Malón de la Paz, cientos de personas de comunidades originarias. El gobierno desoyó completamente esta gran movilización y siguió avanzando.”.

En ese contexto de agitación social enorme, el gobierno decide jurar la nueva constitución el 20 de junio, en medio de una represión brutal en San Salvador de Jujuy, y utilizando prácticas que tienen que ver directamente con las prácticas genocidas de la dictadura militar. “Camionetas privadas al servicio de la policía secuestrando gente, policías de civil ingresando en domicilios sin orden de un juez, amenazas, torturas, privación ilegítima de la libertad de luchadores y luchadoras sociales, de docentes, de comuneros y comuneras, un clima tremendo. La nueva constitución es masivamente rechazada porque atenta contra derechos consagrados en declaraciones más amplias, como la constitución nacional. Entonces me pregunto ¿esta constitución es una constitución hecha por y a medida de un poder ejecutivo absolutamente violento que no dialoga y que lo que pretende es hacer una explotación lo más extractivista posible de los recursos naturales? Si bien ya la está haciendo, lo que se pretende es arrogarse el control del territorio y sobre todo de la propiedad de las tierras para poder cerrar más rápidamente negocios con capitales de afuera y muchas veces, o por no decir todas, con participación de familiares cercanos, asociados, que son quienes están metidos en los grandes negocios del Estado de la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales hace ocho años”.

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Es muy claro y concreto, la nueva constitución tiene algunos puntos con profundo anclaje en el acceso a la tierra, y con el control estatal de las tierras fiscales muy grave, ya que no transita en el sentido de entregarles las propiedades comunitarias a las comunidades originarias, legítimas, poseedoras y dueñas de esos territorios, sino que, muy por el contrario, pretende que el poder ejecutivo tenga la facultad de decidir sobre tierras que al día de hoy son fiscales. “Hay muchísimas tierras fiscales en la provincia de Jujuy que son tierras negadas históricamente a las comunidades originarias, siendo esas tierras muy ricas en recursos, con lo cual sabemos perfectamente que el gobierno las quiere y se otorga como el control de estas tierras justamente para poder explotarlas con la misma lógica que lo viene haciendo, que es una lógica en la cual, para colmo, no solo se destruye el ambiente, sino que las comunidades no se benefician económicamente. Se desarman comunidades enteras porque genera un impacto social y cultural demasiado grande, desmedido, porque los tiempos del trabajo en la minería no tienen que ver con los tiempos de las prácticas culturales históricas y de producción que se tienen en la región”.

El mencionado es uno de los puntos más importantes y polémicos de la Constitución, tiene que ver con la tierra, ¿La tierra para quién? ¿Quién la regula, cómo y para qué? Otro punto importante tiene que ver, entre muchísimos otros, con la matriz productiva, esta facultad que empieza a tener el Estado en regular ciertos sectores productivos, empieza a permitir la privatización o el negocio del gobierno de turno con empresas. “Esto básicamente lo que busca es ir cambiando la matriz productiva que en la provincia de Jujuy que está constituida principalmente por pequeña agricultura familiar, que es un sector tan marginalizado y que tanto interesa a nivel nacional o debería interesar apoyar, y que en vez de apoyarlo se está sentenciando su desaparición. Otro punto que es interesante de resaltar, que ya está puesto en práctica de la manera más cruel y violenta posible, es que esta Constitución viene a limitar el legítimo derecho a la protesta directamente en artículos que también otorgan facultades a poderes que no le corresponden para poder controlar situaciones de protesta, y para poder establecer contravenciones, como se ha establecido ahora desde que se juró esta Constitución, contra personas que están ejerciendo su derecho a la protesta”.

De esa manera avanzan las causas armadas, privando de la libertad a quienes aparezcan en las listas negras. Para citar un ejemplo, por ser abogado y defender algo que consideren pueda atentar contra los intereses del gobierno provincial, de ahí, para abajo. “En resumen, es una Constitución nefasta que además tiene un montón de puntos objetables de forma y de fondo, o sea, todo el proceso tiene irregularidades y la Constitución en sí misma tiene irregularidades, por ejemplo, porque se contradice o entra en tensión con artículos consagrados en la Constitución Nacional o en derecho internacional. Entonces acá lo que se está pidiendo fuertemente y permanecen movilizaciones todos los días a lo largo y a lo ancho de la provincia, cortes de ruta a lo largo y a lo ancho de la provincia, el planteamiento de una caminata que se va a hacer desde La Quiaca hasta Buenos Aires para exigir al Congreso de la Nación y a la Corte Suprema que intervengan. Bueno, se sigue firmemente solicitando la declaración de inconstitucionalidad en primer lugar de la Constitución, pidiendo el juicio político a Morales por todo lo que ha ocurrido en la provincia y también reivindicando fuertemente la necesidad de restitución de los títulos comunitarios a las comunidades originarias, entre muchos otros puntos, pero estos creo que son los principales. Por otro lado, también se exige que se dé nulidad a todos los procesos judiciales que se han inventado contra personas por estar defendiendo sus territorios. Y por, sobre todo, se está planteando fuertemente un rechazo al tipo de producción y al tipo de lógica que viene a instalar esta Constitución hecha medida de Gerardo Morales. O sea, no se quiere una Constitución que garantice el saqueo de los recursos naturales, en particular, y hoy en día se expresa muy fuerte con la explotación de litio, y que a quien se oponga se le va a aplicar mano dura con las peores metodologías de nuestra historia”, concluyó Florencia Barbarich.