Una delegación de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, arribó este viernes a Jujuy e iniciará un relevamiento sobre las violaciones de derechos durante los recientes avances represivos de la policía jujeña contra las protestas a la reforma de la Constitución local que impulsó el gobernador Gerardo Morales.
«Lo que ya hemos visto es de extrema gravedad y no hay nada que pueda negar lo que está filmado», expresó Alicia Montoya, coordinadora de la Misión de DDHH, en una conferencia de prensa que brindaron esta mañana en la provincia, al referirse a videos que ya les fueron enviados.
En ese marco, anunció que convocarán a quienes se vieron afectados para escuchar sus testimonios de primera mano y avanzar en un informe que visibilice lo que está ocurriendo en Jujuy, y también en denuncias ante la justicia.
Montoya anuncio que el lunes tienen previsto emitir un informe preliminar, que se remitirá de forma inmediata a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los organismos internacionales que corresponda.
La coordinadora cuestionó que en Jujuy se está «apelando a la memoria para volver a instalar el miedo» y, en ese sentido, relató que incluso un periodista de la delegación arribada a Jujuy «sufrió intimidación por parte de una camioneta blanca sin patente, recordando lo peor de la dictadura jujeña: el método Ledesma».
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«Como organización no es la primera vez que tenemos que venir a constatar las vulneraciones de derechos humanos en Jujuy, ya lo hicimos en el 2022 ante allanamientos ilegales y una represión que el mismo gobernador Morales venía llevando a cabo», comentó, por otro lado, Florencia Díaz, de Xumek, organización de derechos humanos de Mendoza.
«Invitamos a todas las personas que han sufrido heridas, represión, que han sido detenidas arbitrariamente a que se acerquen. Sabemos del temor, sabemos que hay personas infiltradas, por eso queremos dar garantía de que sus denuncias van a ser oídas», agregó al abrir la convocatoria respecto del relevamiento que están iniciando.
En la misma línea, Samanta Pedrozo, de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, dijo que «el objetivo de la misión es escuchar los testimonios y llevarles garantías de que sus denuncias se van a cursar por las vías legales correspondientes», además de «visibilizar a nivel nacional cuales son los objetivos de los gobiernos de derecha, que es infundir miedo».
Por su parte, Lorena de la Cruz -de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)- agregó: «Lo que decimos nosotros siempre es que no nos pueden parar con el miedo, tenemos que hacerlo visible, es la única forma de que esto pare, que la Constitución sea bajada y que el poder quede en ellos».
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A su turno, Leonardo Pérez Esquivel, del Servicio Paz y Justicia y de la Auditoría General de la Nación, también puso en valor que «toda la lectura mediática y del gobernador Morales pretenden subordinar el conflicto a una disputa partidaria, apelando a cuestiones de grietas», pero que, lo que hay, entre otros, es «pueblos originarios que no responden a nadie y que están planteando sus reclamos históricos para no ser avasallados».
«Queremos darle voz al pueblo de Jujuy, que ya ha venido siendo muy elocuente con las protestas, y que se precisa darlas a conocer de forma directa y no a través de los multimedios que están desinformando y sosteniendo la política de represión que se quiere instalar a nivel nacional», apuntó Pérez Esquivel al respecto.
«Lo que está pasando acá tiene una gravedad inusitada porque es un tubo de ensayo para aplicar esto a nivel nacional y nos interesa que se conozca»
La comitiva pretende visibilizar el reclamo respecto a que «el derecho de huelga y a la protesta son derechos constitucionales en este país», los cuales «violenta» la reforma de la carga magna jujeña, y que son «limitaciones que tienen que ver con el mecanismo necesario para la implementación de políticas de ajuste».
