Frente a la crisis que atraviesa el sector, unas 200 mil personas con discapacidad podrían quedarse afuera de las prestaciones. Es que las instituciones que trabajan en dichas tareas, aseguran que si la situación arancelaria no se modifica, estarán obligados a un corte «involuntario» de los sevicios.
Los más casi 150 mil trabajadores que brindan servicios para personas con alguna discapacidad se encuentran en alerta ante las medidas tomadas por el gobierno nacional y el consecuente recorte que impactará de forma directa en las prestaciones.
El caso más resonante es el del transporte adaptado que, desde el primer día de enero del 2024 debió interrumpir sus servicios dejando a miles de personas en sus casas, sin poder llevar adelante sus tratamientos, debido a la suba incontrolable en el costo de los combustibles y la imposibilidad de afrontarlo.
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«Los gastos son imposibles de afrontar, tenemos un desfasaje arancelario que solamente en el último año y con los datos que tenemos de la inflación de diciembre, asciende aproximadamente al 100% con respecto a este proceso inflacionario. Hemos realizado numerosos intentos de acercamiento, hemos sido escuchados y escuchadas por autoridades que han ingresado a la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero el sector necesita respuestas urgentes», manifestaron desde la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (Apridis).
Ante tal escenario, el próximo 31 de enero la totalidad de las instituciones que trabajan en discapacidad llevarán adelante una movilización hacia la quinta de Olivos para entregar un petitorio al presidente respecto de las necesidades urgentes que tiene el sector esperando y esperando una pronta respuesta.
