Exigen que la Legislatura santafesina apruebe un proyecto de ley que establecería un mecanismo de cobertura total obligatoria de todas las prestaciones básicas de las personas con discapacidad afiliadas.
Los trabajadores de las distintas instituciones se movilizarán este 31 de enero para solicitarle una urgente respuesta al Gobierno Nacional. Desde el 1º de enero miles de personas se quedaron sin transporte adaptado.
Los sectores de discapacidad advirtieron que no tolerarán “ningún tipo de alteración o modificación que signifique un retroceso” en lo que establece la Ley 24.901, que regula y establece el Sistema Integral de Prestaciones para las personas con discapacidad, las pensiones no contributivas, la Ley de Cupo laboral y el programa federal Incluir Salud.
A través de una solicitud de audiencia al ministro Sergio Massa y de una nota enviada a la Agencia Nacional de Discapacidad, expusieron que las asignaciones al mes de mayo no superaron el 30 % “cuando la inflación fue del 42,2 % según el Indec”.
Tras la actualización del 24,95% en los aranceles para quienes prestan servicios a personas con discacidad, se profundizó aún más la brecha entre las coberturas nacionales y las de la obra social santafesina IAPOS. Desde el sector piden que la Legislatura provincial trabaje en un proyecto para equiparar aranceles.
La actividad fue convocada a las 10 de la mañana por Apridis y Astraes. Exigen la actualización de aranceles de las obras sociales y el cumplimiento de pagos atrasados.
La manifestación se realizará este lunes 26 de septiembre a las 10 en el Monumento Nacional a la Bandera. Los trabajadores del sector piden que las obras sociales y prepagas regularicen y aumenten los pagos.
El representante de los mismos, Pablo Bolego, aseguró que el PAMI les "ha robado el dinero en un contexto de pandemia porque se ha quedado con el 80 % del módulo prestacional en esos meses". Si no tienen respuesta, prometen una "gran movilización al Monumento".
La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad también advirtieron que el sistema de atención a ese sector “ha sido arrasado, desmantelado y desfinanciado” por el PAMI, Iapos y el programa Incluir Salud, entre otros, a partir de las medidas tomadas en el marco de la pandemia.
El pedido concreto es de un aumento del 70 por ciento en todas las prestaciones. Si no hay una respuesta favorable al reclamo, ejecutarán un cese de actividades.
Integrantes de Apridis señalaron que sintieron un “gran alivio” por el “avance a gran escala” del suministro del fármaco a los mayores de 18 años. Destacaron “la predisposición y paciencia” del personal de salud, voluntarios, transportistas y familiares.
Además, transportistas de personas con discapacidad nucleados en Atraes repudiaron al Gobierno Nacional por dejarlos fuera del acceso a créditos para renovar utilitarios.