Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) expresaron su beneplácito por la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que hizo lugar al planteo presentado por la CGT, suspendiendo el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que “contiene una brutal reforma regresiva” y que por ello reafirmaron la adhesión al paro general del próximo 24 de enero.
A través de un comunicado, la Ftciodyara recordó que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el miércoles pasado una medida cautelar que “suspende”, la aplicación del capítulo laboral, entre los artículos 53 a 97, destructivos de derechos laborales, del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el gobierno de Javier Milei, “hasta tanto recaiga sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo ventilada en estos actuados”.
“Esta sentencia se obtiene fundamentalmente gracias a la gran movilización obrera y popular del 27 de diciembre convocada por la CGT, a la que se sumaron las CTA junto a movimientos sociales, y a la convocatoria a un paro general el próximo 24 de enero, que expresan la firme voluntad de lucha de las y los trabajadores argentinos”, indicaron los aceiteros.
Para la federación “la movilización general y la justa convocatoria al paro hicieron reaccionar al fuero laboral y le pusieron un primer freno a esta ofensiva antiobrera y antisindical, pero no es suficiente”.
“El Poder Judicial y el Congreso de la Nación deben derogar en su totalidad el inconstitucional e ilegítimo DNU 70/2023, con el que el Poder Ejecutivo decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso. En sus 366 artículos el decreto deroga o modifica 73 leyes de forma permanente, lo cual está prohibido para el presidente y su gabinete”, agrega el comunicado.
Además, “de la reforma laboral regresiva y el ataque contra los derechos laborales y sindicales, los cambios que introduce el DNU profundizan la desigualdad y agravan la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, desde las infancias a las jubiladas y jubilados, o quienes padecen enfermedades”.
“Deja librados a las decisiones del mercado el acceso a la vivienda, a la alimentación o a los medicamentos, entre otros. También debilita las protecciones ambientales, los controles estatales, pone en crisis a las economías regionales y a la propia soberanía nacional. Al mismo tiempo, beneficia directa y explícitamente a grandes grupos empresarios”, afirma.
Enseguida, subrayaron: “Como ya denunciamos, el DNU 70/2023 contiene un ataque frontal contra la clase trabajadora. Avanza contra derechos, garantías y libertades previstos en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, como el ejercicio del derecho de huelga, las negociaciones colectivas, la estabilidad en el empleo, las condiciones dignas de trabajo y hasta la jornada limitada”.
Y en consecuencia, “sin huelga ni negociación colectiva, la ofensiva del Gobierno es una embestida directa contra el salario”, consideraron.
“Por eso nuestro rechazo, junto al movimiento obrero argentino, está fundamentado en que todas las disposiciones de esta reforma laboral de facto favorecen a las patronales, ninguna a los trabajadores y trabajadoras. Se trata de un intento de refundación de la relación capital-trabajo, redactada por un puñado de estudios jurídicos a medida de la coalición que hoy detenta el poder en nuestro país, una alianza entre los grupos económicos locales, financieros, funcionarios del ex gobierno de Macri y el presidente Milei”, planteó la federación nacional aceitera.
Finalmente, el comunicado señala: “Reafirmamos nuestra adhesión y convocatoria a la huelga general con movilización del próximo 24 de enero, en defensa de todos nuestros derechos, del salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal, y de nuestro futuro como trabajadoras y trabajadores”.
