Los bancarios ratificaron el cese de tareas de tres horas del martes y el miércoles

La Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo ratificó hoy las protestas de este martes y miércoles, con asambleas y cese de tareas durante las tres últimas horas de atención al público, en demanda de la inmediata reapertura de las paritarias y la eliminación del impuesto a las ganancias, entre otras reivindicaciones, informó el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe.

El Secretariado Nacional del gremio había decidido abrir «un paréntesis» hasta el viernes último en su «plan de acción» para que las conversaciones con las cámaras empresarias y el Banco Central (BCRA) «se materialicen en la convocatoria a la Comisión Paritaria» a fin de que realicen «propuestas formales de recuperación del poder adquisitivo perdido».

La organización sindical ratificó hoy las nuevas jornadas de protesta del 18 y 19, que incluirán asambleas y cese de actividades durante las tres últimas horas de atención al público.

«Si insisten en incumplir la ley y el acuerdo oportunamente firmado se aplicará un paro de 24 horas el 28 de octubre», afirmaron Palazzo y Berrozpe.

El gremio exigió otra vez hoy «la reapertura de paritarias, la derogación del impuesto a las ganancias y la defensa del trabajo argentino».

Los dirigentes señalaron que el acuerdo salarial homologado por Trabajo indica en el artículo 15 que «de variar las condiciones económicas cualquiera de las partes puede solicitar la convocatoria a paritarias», lo que ya realizó el sindicato el 12 de septiembre.

«Ese acuerdo salarial quedó atrás, como lo indican los índices de inflación reconocidos por el propio gobierno. Además y, a partir del incumplimiento de su compromiso electoral, se sufre aún el brutal impacto del impuesto a las Ganancias sobre los ingresos, que no son ganancia y, sobre todo en el caso de las tercerizaciones, los bancos no cumplen con el convenio», dijeron.

Los sindicalistas añadieron que el gremio aún no recibió respuestas concretas y afirmaron que «ni los bancos ni el gobierno cumplen la ley y el acuerdo, negando así la seguridad jurídica».