El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto que busca crear un Registro Único y Obligatorio para trabajadores de aplicaciones de reparto, una iniciativa que -a pesar de solo haber obtenido una media sanción- generó el rechazo de las empresas y la oposición de dirigentes de derecha.

El proyecto tiene como autor al senador oficialista y secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, y plantea la creación de un «Registro Provincial, Único y Obligatorio para trabajadores y trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)».

El mismo -según fija el texto de la iniciativa que aprobó el Senado- alcanzará a todas las personas que ejecuten personalmente las actividades de reparto «a tiempo y jornada total o parcial», ya sea «por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente».

Al mismo tiempo, mediante la autoridad de aplicación -en este caso el Ministerio de Trabajo- se deberá: fijar las condiciones y requisitos de inscripción; identificar a las personas jurídicas y empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores habilitados; controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva esta actividad; y determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento.

A la vez, será deber de la cartera laboral «exigir a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares y/o plataformas intermediarias (APP), que denuncie la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a la cual pertenecen sus trabajadores» y «exigir que denuncien el horario de conexión y desconexión que integran la jornada de los trabajadores».

Oposiciones y amenazas

Desde algunos sectores plantean que el proyecto no resuelve ninguna cuestión de fondo en relación a la precariedad del trabajo de plataformas. Al contrario, apunta a «registrarlos» sin obligar a las empresas a que garanticen sus derechos y -manifiestan- no tiene en cuenta que muchos trabajadores alquilan sus cuentas o trabajan con más de una para poder llegar a fin de mes.

Aun así, las empresas salieron a extorsionar a sus trabajadores y les plantearon que, ante cualquier mínimo intento de regulación, se irán del país y los dejarán sin su fuente de ingreso.

No hay mucha novedad en estas estrategias de amedrentamiento por parte de estas empresas que no quieren que ni un centavo de sus abultadas ganancias quede condicionado por la intención de avanzar en la regulación de estas actividades.

Según las cifras de Ecommerce, basadas en datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el comercio electrónico vía apps movió en 2022 nada menos que 1,4 billones de pesos. El 56% de esas compras incluyeron el reparto a domicilio.

Hay algunas experiencias que también desmienten el catastrófico escenario que auguran desde las empresas. En el momento en el que el Reino Unido discutió el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de Uber, la firma amenazó con liquidar sus operaciones en el país, algo que finalmente nunca ocurrió.

Estos intentos de sostener un esquema de precarización con base en la flexibilidad normativa que rige en esta actividad tiene también promotores en la política partidaria. La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió a rechazar el proyecto aprobado en Buenos Aires.

«Nuestra posición es a favor del trabajo. Por eso, es importante no poner trabas que desincentivan la generación de empleo y que los mismos trabajadores rechazan. Necesitamos más libertad y menos regulaciones. Conmigo, estos obstáculos se acaban», publicó en su Twitter.