El secretario general Adjunto de ATE Capital, Juan Manuel Sueiro, denunció las políticas del Ministerio de Modernización de intentar «desmantelar áreas críticas del Estado, para favorecer a grupos privados», y señaló «que el intento de colocar bajo la lupa 114.000 contratos para luego desafectar a 21.000 trabajadores se corresponde con el ideario político del desguace que llevo adelante el neoliberalismo como lo plasmó en la década del 90.

En diálogo con Conclusión, el gremialista acusó que esta orientación persigue «un nuevo intento de achique y de ajuste similar a la de diciembre del año pasado, con la salvedad que en esta oportunidad los trabajadores han perdido el temor porque están dispuestos enfrentar estás arbitrariedad.

Consultado por este medio acerca de cuáles son los argumentos que se esgrimen para avanzar en sus decisiones, el gremialista sostuvo que «son las mismas declaraciones que se les escucho. Gustavo Beliz, o a Claudia Bello en los 90, utilizando conceptos de eficacia y eficiencia pero con una lógica de mercado que no tiene que ver con necesidades concretas que corresponde que regule el Estado hacia una gran cantidad de sectores de la comunidad y que se han vuelto vulnerables y que deben ser asistidos por el Gobierno Nacional. Ya sea los que están vinculados a programas sociales, como educación, salud y en la interacción que tienen distintas jurisdicciones para interactuar para sostener políticas públicas que hasta brindaron mayor contención a esos sectores».

Respecto de cómo se traduce ese daño a los ciudadanos que dan uso de esas áreas del Estado, y que grado de inmediatez tiene, Sueiro dijo que «se siente cuando se echa a trabajadores que deben fiscalizar empresas, o el empleo no registrado, que cuando se desarticula la fiscalización se seguirá profundizando el trabajo ilegal, el empleo precario, o el fraude laboral, como ejemplo,  sirve para dar una idea, lo que sucede con los trabajadores de Remates que debían controlar la actividad del sector rural, para que no haya explotación infantil o trabajo esclavo».

«Hoy el Estado está enfrentando 15 cautelares judiciales realizadas por los trabajadores del Renatea, sin embargo el Gobierno optó por pagar esas multas a la justicia en vez de reincorporamos como ya se lo indicaron los jueces «, y agregó que se «trata de favorecer a aquellos sectores que venían confrontado y negándose a ser fiscalizados por las irregularidades que tenían en materia de empleo en el sector rural».

Y añadió: «Están poniendo en riesgo a 300 trabajadores del Ministerio de Energía que asistían a los usuarios con  reclamos o solicitaban tarifa social», y describió que las áreas afectadas de Estado «son todas, recorren desde los programas científico, educativos, de salud, aunque es dudoso que puedan fácilmente avanzar por el alto grado de desgaste que tienen los funcionarios, y porque los trabajadores no asistirán pasivamente a un nuevo intento de diseños de ajuste».

En relación al discurso gubernamental sobre el déficit fiscal, Juan Manuel Sueiro, remarcó que «este no se reduce despidiendo trabajadores, no tendrían que haber desfinanciado el Estado con medidas que favorecieron multimillonarias transferencia de ingreso a grupos económicos poderosos para favorecerlos eliminando las retenciones, o eliminando los impuestos a la riqueza y subsidiando a petroleras».

Seguidamente, arreció en críticas hacia una «mesa de Ceos, tecnócratas que evalúan como seguir adelante con si estuvieran en una reunión de empresas que reniegan de ver que tienen responsabilidad en áreas públicas».

Sobre cómo impactará esta resolución en áreas críticas del Estado vinculadas a la investigación y a la aplicación de conocimiento, como es el caso del Conicet, donde hubo concursos para ocupar distintas espacios de ese organismo, el dirigente señaló que «hay 800 científicos que están esperando que la burocracia del Ministerio de Modernización termine con el denominado proceso de revisión de un concurso que se realizó el año pasado y que sistemáticamente se cumple todos los años, porqué Conicet incorpora al sistema científico Nacional de 1000 a 1200 investigadores por año, pero si embargo en esta transición esa población que ya tiene evaluación académica (bioquímico, físicos, biotecnología, nano tecnología, desarrollo de software) están demorados, esperando que estás actividades comiencen, pero ahora esperan que se destrabe desde el ministerio de Modernización el ingreso que era para abril. Allí hay investigadores de Rosario que pertenecen al Centro Científico Tecnológico y que aguardan ser parte del sistema científico, como si se tratara en la evaluación que son gente que responde a una ideología política y partidaria que son escaneados para advertir a que filiación responden».

«Este es el trato que le dan a investigadores que fueron evaluados académicamente Y que además trascienden los límites de Capital Federal, porque lo que ellos realizan, benefician a todos el país».

Por último, Sueiro, definio que «con estas y otras políticas intentan desmantelar todo, pero el Estado debe cumplir un rol social, para no abandonar a los sectores más vulnerables de la sociedad, sea por medio de programas o por la intervención indirecta de científicos que trabajan para erradicar problemas que la comunidad padece. Por caso, el programa nacional de Vectores Infectocontagiosos tendría que haber estado presente durante las inundaciones para que no se expandiera la epidemia de zika, sin embargo decidieron desmantelar los tráiler sanitarios y tirarlos al costado de una ruta porque del Ministerio de Salud tomaron la decisión política de no asistir a la población», denunció el secretario general Adjunto de ATE Capital, Juan Manuel Sueiro.

Y que además trascienden los límites de Capital Federal, porque lo que ellos realizan, benefician a todos el país».

Por último, Sueiro, definio que «con estas y otras políticas intentan desmantelar todo, pero el Estado debe cumplir un rol social, para no abandonar a los sectores más vulnerables de la sociedad, sea por medio de programas o por la intervención indirecta de científicos que trabajan para erradicar problemas que la comunidad padece. Por caso, el programa nacional de Vectores Infectocontagiosos tendría que haber estado presente durante las inundaciones para que no se expandiera la epidemia de zika, sin embargo decidieron desmantelar los tráiler sanitarios y tirarlos al costado de una ruta porque del Ministerio de Salud tomaron la decisión política de no asistir a la población», denunció el secretario general Adjunto de ATE Capital, Juan Manuel Sueiro.