Es fuerte el empeño puesto en revisar la condición de los trabajadores empleados por el Estado. El tema fue puntillosamente «sugerido» por el presidente Mauricio Macri. La tarea esta a cargo del Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra. Y para dar un orden a la metodología que se debe aplicar en todas las reparticiones públicas repartió un instructivo en el que se puede dar lectura de los lineamientos que transformarán las nóminas de agentes de cada sector.
El «instructivo» cobró estado público por la difusión que le dieron los trabajadores de los gremios estatales.
El «prospecto» sugiere llevar adelante un relevamiento de todos los empleados del Estado, con la intención de identificarlos, establecer su número y precisar que actividad realizan.
Para dar efectividad al manual, se toman tres ejes que se direccionan a la Ocupación de Cargos, Diagnóstico Inicial y Desvinculaciones.
Entre las precauciones que propone el referido documento se encuentran los “riesgos indemnizatorios” ante cada desvinculación, incluso se recomienda “identificar al personal idóneo para obtener memoria institucional” y de esta manera conseguir que identifiquen a los “ñoquis” del área.
El andamiaje jurídico se funda en el decreto que el presidente Mauricio Macri firmó el 24 de diciembre y el Boletín Oficial publicó el 29/12. En él se dan expresas instrucciones a los ministros, secretarios y autoridades de todo el Estado a “revisar” los concursos y selección de personal de los últimos tres años.
Macri ordenó expresamente la anulación de contrataciones y designaciones, luego de mencionar a sus funcionarios que la ley que regula el empleo público (la 25.164) “establece que toda designación efectuada en violación a la normativa vigente podrá ser declarada nula”.
1. Ocupación de cargos
El documento pide prorrogar por tres meses todas las contrataciones existentes para analizar la pertenencia de contratación, así como también realizar la ocupación de cargos políticos y públicos a través de Decretos de Excepción, práctica que se describe como “vigente a pesar de que deberían ser concursados”.
2. Diagnóstico inicial: Registro y mapeo de personal y puestos
El manual de la Alianza Cambiemos (UCR-PRO) indica que se debe “realizar un relevamiento” del organigrama vigente, identificando “los puestos clave y los cargos políticos”, así como también “elaborar un listado de personal de la base de liquidación de haberes, con modalidad de contratación y antigüedad”.
En el mismo punto se solicita “diagnosticar si las funciones y puestos vigentes son consistentes con el ejercicio efectivo del rol” y se aconseja “identificar al personal idóneo para obtener memoria institucional”, es decir, empleados que señalen a quienes son “ñoquis” puertas adentro de cada ministerio.
3. Desvinculaciones
En este punto se indica cómo realizar un despido y se califica los riesgos de ser demandado en las categorías: “Muy alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo” y “Nulo”. Allí, la cartera que dirige Ibarra divide los casos entre los trabajadores de planta permanente y los contratados en forma precaria, es decir, con contratos renovables.
Para aquellos con más de un año de antigüedad, que ya cuentan con lo que se denomina “estabilidad adquirida”, el gobierno insta a “revisar el concurso de ingreso, identificar excepciones, plantear la falta de ajuste a normativa e invalidez de la designación”, aunque advierte que el riesgo de ser demandado por el empleado despedido es “Alto”.
El manual indica que los integrantes de Planta Permanente se debe “solicitar una evaluación de desempeño, realizar evaluaciones”, y, “si el agente obtiene una evaluación negativa”, se deberá proceder a la desvinculación, pese a que el riesgo de demanda es considerado “Alto” para estos casos.
Para los empleados contratados, el ministerio de Modernización aconseja “prorrogar los contratos por 3 meses a partir del 31/12/2015”, con excepción de los “casos obvios de desvinculación”, donde ingresarían los 18.000 despedidos que se dieron desde la primera semana de enero hasta hoy.
A quienes sí les renovaron el contrato, se los deberá someter a una “evaluación del agente”, donde se analizará su rol, perfil, pertenencia, productividad y competencia. En caso de “considerar el rol necesario y al agente idóneo”, se le renovará el contrato. Caso contrario, será desvinculado.
Para estos casos se advierte que deberán despedirse “a aquellos de menor antigüedad y mayor categoría y continuar con el resto”, al tiempo que se analiza que el riesgo de demanda para quienes trabajan allí hace más de un año es “Muy Alto”, mientras que para aquellos que llevan menos tiempo es “bajo”.
Por otra parte, el manual indica que a aquellos cargos ejecutivos nombrados sin concurso o con una designación parcial o pendiente de confirmación deberán ser “cesados inmediatamente”, sin correr riesgo de ser demandados por los afectados.
Mientras que, para aquellos que cumplen funciones ejecutivas e ingresaron bajo la modalidad de concurso se otorga tres posibles “soluciones” para despedirlo y reemplazarlo:
A. Revisar el concurso, detectar anomalías y declarar nula la designación para cesar antes del vencimiento del contrato. Riesgo de reclamo es “Muy Alto”.
B. Esperar la finalización del plazo de vencimiento y designar transitoriamente nuevo funcionario o llamar a concurso. Riesgo de reclamo: “Nulo”.
C. Redefinir funciones o la estructura organizativa para desaparecer las funciones ejecutivas. Riesgo de reclamo: “Muy Alto”.
