Desde la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario expusieron que la entidad crediticia “ha sido un pilar en la promoción del crédito para pequeñas y medianas empresas” especialmente para aquellas “de menores recursos”.
Para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia, un rosarino necesitó en el primer mes del año ingresos mayores a $91.314. Como la jubilación y el salario mínimo no aumentaron, su poder de compra ante este indicador cayo más del 15%.
La COAD había señalado en noviembre que “había que demandar un aumento que equipare la inflación acumulada a noviembre de 2023, y a partir de ahí implementar una cláusula gatillo para frenar la pérdida en el poder adquisitivo de los sueldos”.
El gremio que los agrupa caracterizó la suspensión de adelantos de salarios como “un ataque frontal al bolsillo de la docencia universitaria y a la educación pública, y una manera de vaciar al Banco Nación y favorecer la migración de los fondos de las Universidades a la banca privada”.
Desde la casa de estudios emitieron un comunicado detallando que, a partir de las gestiones realizadas ante el Banco Nación y el Ministerio de Economía, se logró que los salarios estén depositados en tiempo y forma.
El ministro de Educación de la provincia de Santa Fe dijo que el Gobierno “está comprometido con el poder adquisitivo de los salarios y apuntó a “reordenar” el sistema porque considera que existe “un nivel de reemplazo que está muy por encima de lo que debería ser”.
"Nuestra capacidad de producción sigue intacta, nuestras esperanzas y fuerzas están inquebrantables. Así que vamos a seguir trabajando con mucha alegría de este apoyo, con mucho agradecimiento, mucha gratitud, y tratando de adecuarnos a los momentos que el país vive”, manifestó el director de la Sala Arteón, Néstor Zapata.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario manifestó su preocupación frente al panorama actual de la universidad y recordó que ya se atravesó un 2023 que si se traslada el mismo presupuesto al 2024, se van a generar enormes dificultades para poder funcionar.
"Es un decreto que deroga la ley de alquileres, vulnera el derecho a huelga y recorta derechos laborales, por lo que afecta de manera directa a los estudiantes. Y todo eso a espaldas del Congreso", apuntó el consejero superior de la UNR.
La medida, impulsada por el Área de Derechos Humanos de la UNR, procura “la construcción de una mirada crítica y sensible” sobre el terrorismo de Estado en los estudiantes, así como “la formación de los futuros graduados de la Universidad comprometidos con la defensa de la democracia y los Derechos Humanos”.
La actividad tiene el doble propósito de “mantener viva en la memoria a las víctimas de violencia de género” y el de “homenajear a quienes sostienen la lucha.
Cabe indicar que el curso lleva la certificación de la citada facultad y “gran parte de su dictado”, se realizará en las instalaciones de la entidad educativa ubicada en la Ciudad Universitaria.