A través de un nuevo informe, establecieron que la canasta se compone de más de 218 mil pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y de más de 389 mil pesos para acceder a bienes y servicios básicos.
La Secretaría de Empresas y Servicios Públicos, del Ministerio de Infraestructura y Hábitat, comunicó que se están realizando los últimos trabajos requeridos para que entre en funcionamiento.
En la sesión de este miércoles, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto de ley que suspende por diez años los desalojos, y que promueve el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
Asistieron al acto vecinos de barrios Toba, La Tacuarita, La Quinta, Amistad, San Cayetano, Los Olivos, Cordero y El Cañaveral, que además en muchos casos tampoco gozan de la posibilidad de acceder a otros servicios básicos.
El equipo de sacerdotes que se desempeña en barrios populares de Capital Federal sostuvo que «hay lugares con serios problemas de falta de agua» y advirtió sobre «la situación del hacinamiento y abandono en las cárceles».
