Un ex diputado del partido de la presidenta destituida, Aung San Suu Kyi y conocido activista pro democracia, está entre los cuatro muertos. Human Rights Watch calificó las ejecuciones como «un acto de absoluta crueldad».
Son cuatro personas entre las que se encuentra un antiguo diputado y miembro de la Liga Nacional para la Democracia de la destituida Aung San Suu Kyi y un activista pro democracia. Se los acusa de llevar adelante actividades terroristas.
Pesa sobre ella la acusación de haber cobrado “600.000 dólares y varios kilos de oro” del ex ministro Phyo Min Thein. Además se enfrenta a otros cargos que van desde posesión ilegal de walkie-talkies hasta incitación a los disturbios públicos y violación de una ley sobre los secretos de Estado.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi, las protestas diarias han sido reprimidas violentamente por la junta militar en el poder, pese a la presión y las sanciones internacionales.
Las ONGs como la Organización de la Sociedad Civil de Myanmar y Amnistía Internacional denunciaron que el Gobierno de facto no solo bloqueó las redes sociales, sino también la conectividad a Internet a través de teléfonos celulares.
