La investigación cuenta con 11 imputados por asociación ilícita, estafas inmobiliarias y lavado de dinero. Se presentaron como querellantes el Estado provincial y el empresario Juan Borghi.
Para decidir las prisiones preventivas de los imputados la magistrada se basó en los presupuestos que indica la ley para estos casos y consideró que los imputados reúnen esas condiciones.
El juez penal de 2° instancia Daniel Acosta rechazó la recusación contra la magistrada Mónica Lamperti en la causa por estafas y asociación ilícita en la que están involucrados escribanos y empresarios.
