La denuncia, a la que accedió Conclusión, apunta que existen diversos «hechos reprochables» en su actuación que «dan cuenta» de que «omitió obrar con la debida diligencia y responsabilidad que requiere su cargo».
La jueza María Eugenia Capuchetti anticipó que ni ella, ni el fiscal Carlos Rívolo, encontraron hasta ahora nada que exceda la responsabilidad de los únicos tres detenidos. “No se ha podido corroborar que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, aclaró.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva presentación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, apoyados en que la magistrada «cobra un sueldo de una institución ejecutiva» asociada al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro (actualmente de licencia tras la difusión de chats con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-).
A fines del año pasado, fuentes judiciales informaron el hallazgo de nuevos chats de WhatsApp en el teléfono del imputado, que ahora buscará «explicar a quién se los mandó y por qué lo hizo».
Entre los fundamentos de la presentación, los letrados de la actual titular del Senado sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
