Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reiteraron este jueves el reclamo ante la Cámara Federal porteña para que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación del atentado del 1 de septiembre pasado por los vínculos que tiene con un organismo que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que recibe dinero.
Los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon esta nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, apoyados en que la magistrada «cobra un sueldo de una institución ejecutiva» asociada al ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro (actualmente de licencia tras la difusión de chats con Silvio Robles -estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti-), quien tenía a cargo la Policía de la Ciudad cuando fue cometido el intento de asesinato a la expresidenta.
Desde hace cuatro años la jueza encargada de investigar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, ocurrido el 1 de septiembre pasado, es empleada del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y cobra un sueldo mensual como “investigadora” del Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP), pese a que los magistrados tienen prohibida toda actividad, a excepción de la docencia.
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En esa línea, cabe recordar que Capuchetti lleva adelante también la investigación de la Mesa Judicial y la deuda que tomó durante su mandato Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Ser investigador no es lo mismo que ser docente», afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no le estaría permitida; y luego profundizó: «La señora jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo».
Antes de que interviniera Ubeira expuso del abogado Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP «no es una universidad» sino un «lugar de elaboración de políticas públicas», por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados.
«Cuando se conoció esta circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace 9 años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, es decir cuando esta causa ya estaba tramitando. Eso no es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación, es una violación inédita a la independencia de poderes», sostuvo Aldazabal.
Los representantes legales de la vicepresidenta además insistieron en que el expediente en manos de la jueza en cuestión «avanzó en líneas superficiales», una buena de simular actividad sin atender la causa a fondo.
«Creemos que hay jueces que son esclavos de decisiones políticas tomadas en otros lados», afirmó Ubeira y, como ejemplo, mencionó el viaje compartido por funcionarios macristas, empresarios de medios, agentes de inteligencia y jueces a las tierras patagónicas del magnate inglés Joe Lewis, cercano al expresidente Mauricio Macri.
En ese marco, consideró que «no está mal que un juez tenga filiación política, pero es horrible pensar que acciona, reacciona o deja de investigar frente a un hecho gravísimo desde el punto de vista institucional de un país (como el atentado a Cristina Fernández) en función de quien impulsó su pliego o de quién es tributario», y agregó: «Para eso no les pagamos a esta gente con nuestros impuestos».
Incluso, para Ubeira la situación excede a «un hecho puntual de recusación de un juez», sino que se trata «del momento de agonía más grande del Poder Judicial de la Argentina desde su conformación».
UNA AUDIENCIA PREVIA
El pedido de recusación fue presentado en la segunda audiencia del día realizada en el contexto de esta causa. En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones -con el cuerpo integrado a pleno-, se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada «pista Milman», que es aquella que investiga si efectivamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se refirió al atentado fallido antes de que ocurriera.
Esa pista se inauguró a partir de que un asesor del diputado oficialista Marcos Cleri dijo haber escuchado, en un bar cercano al Congreso, una conversación de Milman con dos mujeres en la que se habría referido a un eventual ataque (posiblemente contra la Vicepresidenta) antes de que ocurriera.
En el marco de la investigación de esa pista fue que se produjo el quiebre en la relación entre la querella y la magistrada: fue cuando la jueza Capuchetti rechazó un planteo de los abogados de la Vicepresidenta que reclamaban que se secuestraran los teléfonos celulares de las asesoras de Milman que lo acompañaban en el bar Casablanca cuando, supuestamente, se refirió al ataque.
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Esa medida de prueba fue finalmente ejecutada tras una intervención de la Cámara Federal porteña y lo que ahora se discute es el alcance temporal de la extracción de información de esos teléfonos: la querella pretende que se analicen los teléfonos desde el primero de julio y no solo del 30 de agosto, día en el que se supone que Milman dijo la frase.
«Si hubo conversaciones previas en ese lapso deberían aparecer; la jueza tiene la potestad de analizar el material antes de ponerlo a disposición de las partes, con lo cual se evita cualquier afectación al derecho constitucional», sostuvo el abogado Aldazabal.
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Antes de hacer ese pedido recordó que las asesoras de Milman, cuando declararon como testigos, primero negaron haberse reunido con el legislador el 30 de agosto en la confitería Casablanca, pero luego se desdijeron cuando les exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.
Ubeira, por su parte, sostuvo: «Donde tocamos a Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal (Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación nos lleve, caiga quien caiga».
