De esta manera, el magistrado instó a que las autoridades nacionales y provinciales a cargo de las áreas de seguridad aporten a la ciudadanía «las garantías necesarias» para poder manifestarse y expresarse en libertad».
La intención del uniformado, según señaló después el Gobierno argentino, era visitar a su familia y a su pareja. El argumento para detenerlo habría sido su presunta participación en actividades de espionaje.
El Servicio Público de Defensa Penal de la provincia denunció que las reformas al Código Procesal Penal permiten que los policías demoren a personas, sin orden judicial, por considerar que pueden estar cometiendo un delito o por resistirse a ser identificados en la vía pública. Por este motivo, presentó un habeas corpus para pedir que dicho apartado se declare inconstitucional.
Un magistrado provincial no hizo lugar a la presentación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en relación al caso de una persona que en el último mes y medio fue demorado y trasladado en cinco oportunidades a dependencia policial por negarse a ser identificado.
El fallo no se pronuncia sobre la validez o no del protocolo, sino que desestima la modalidad del habeas corpus para objetar las advertencias en torno a la marcha piquetera prevista para este miércoles. Ahora, el expediente fue enviado de inmediato a la Cámara del Crimen para su revisión.
