Las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, ambas del oficialismo, denunciaron que en el encuentro que mantuvieron con genocidas en el penal de Ezeiza el represor Raúl Guglielminetti le entregó al legislador Beltrán Benedit un proyecto de ley escrito a mano para permitir que los condenados por delitos de lesa humanidad accedan a la prisión domiciliaria.
Se trata de Ángel Ochoa, condenado a 13 años de prisión, que inventó una aplicacion de servicios por la cual una multinacional norteamericana le ofrece 900.000 dólares. Para terminarla, necesita la computadora de la casa de su madre, donde iría a trabajar para volver a dormir a la cárcel. Asegura que, para concretar todo el proyecto, emplearía a otras 50 personas.
Se trata de Maximiliano G.D.G y Marina G., quienes se encontraban en prisión preventiva tras ser imputados en septiembre pasado. En una audiencia de cámara la defensa pidió que el hombre sea liberado y que la mujer cumpla con la preventiva de forma domicilia. Este último pedido fue aceptado por la jueza.
La Defensa de Karina G. argumentó que la mujer tiene un hijo menor y un familiar discapacitado a su cargo.
Desde el inicio de la cuarentena hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la última dictadura cívico militar.
