Pocos días después de que los tribunales aumentaran a 33 años la pena de cárcel para la líder depuesta y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, el Gobierno de facto integra un escenario de combates entre las tropas propias y opositores.
Miles de personas fueron encarceladas en la sangrienta represión de la disidencia que siguió al golpe del 1º de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática en el país.
La persecución selectiva limita gravemente la capacidad de funcionamiento; se necesita un apoyo más flexible de la comunidad internacional para evitar el colapso del espacio cívico y la organización de los trabajadores.
Un ex diputado del partido de la presidenta destituida, Aung San Suu Kyi y conocido activista pro democracia, está entre los cuatro muertos. Human Rights Watch calificó las ejecuciones como «un acto de absoluta crueldad».
Son cuatro personas entre las que se encuentra un antiguo diputado y miembro de la Liga Nacional para la Democracia de la destituida Aung San Suu Kyi y un activista pro democracia. Se los acusa de llevar adelante actividades terroristas.
