Se trata del legajo en el que se investigan maniobras ilícitas por al menos 500 millones de dólares. Los fiscales sostuvieron que “los actos de corrupción que se investigan hacen viable su consideración como ‘delito constitucional’ y, por ende, son imprescriptibles”.
La causa en cuestión se extendió por más de tres décadas e inició a raíz de las denuncias efectuadas en agosto de 1990 por la Comisión Gremial Interna del Banco Provincial de Santa Fe.
“La decisión del Ministerio Público de la Acusación es investigar las maniobras financieras que se realizaron en lo que era la entidad bancaria estatal de Santa Fe”, manifestó un grupo de fiscales al presentar un amparo a la resolución que declaraba extinguida la acción penal en la causa.
Frente a los anuncios públicos referidos a un nuevo pliego licitatorio para la adjudicación del agente financiero de la provincia y la creación de una entidad financiera pública el sindicato marcó su posición.
