La Asociación Bancaria realizó este jueves una conferencia de prensa en la que cuestionó el reciente fallo judicial que declaró «extinguida la acción penal por haber operado la prescripción en la causa» por el vaciamiento del Banco de Santa Fe.
La causa en cuestión se extendió por más de tres décadas e inició a raíz de las denuncias efectuadas en agosto de 1990 por la Comisión Gremial Interna del Banco Provincial de Santa Fe.
Ante el fallo que declaró que la acción penal se encuentra «absolutamente extinguida» por «hechos acaecidos hace más de 31 años», la Asociación Bancaria de Rosario ratificó que «lo que no ha prescripto ni prescribirá es el propósito de recuperar el Banco de Santa Fe para volver a ponerlo en manos del Estado provincial», una decisión que favorecería a los sectores productivos a al conjunto de los habitantes del territorio santafesino.
«La resolución fue inmediatamente impugnada por la doctora Mariela Jiménez Jiménez, que es la fiscal a cargo de la causa, pero con el respaldo del fiscal regional de Santa Fe», contó este jueves el doctor Corvalán, en una conferencia de prensa a la que asistió Conclusión.
Tal sostuvo el abogado, la apelación fue presentada en agosto pasado por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y la fiscal de delitos complejos de esa circunscripción, Mariela Jiménez. En el escrito, ambos piden revisar la decisión del juez santafesino Pablo Busaniche, quien decidió declarar extinta la acción penal contra los acusados de vaciar el banco.
Corvalán manifestó ante este medio que la resolución de Busaniche es triplemente nula. «En primer lugar, se dictó sin que participemos como querellantes en la discusión sobre la prescripción. En segundo punto, se dio sin la participación de la provincia, que también es querellante y no fue convocada. En tercer lugar, es claramente nula porque se dicta a favor de quienes dicen ser ellos mismos ‘los imputados’. Para ser considerados imputados debieron haber sido llamado a imputativa. Esas personas no pasaron por imputativa, pero igualmente, por haber sido directores alguna vez del banco, se consideraron con derecho a presentarse y pedir el sobreseimiento por prescripción», explicó el abogado de La Bancaria.
Desde el gremio bancario detallaron que esas personas fueron directoras en el período que va desde el año 1983 a 1990, que son los años investigados, donde pudo demostrarse que el banco sufrió un proceso de vaciamiento. Por un lado -señalaron- daban prestamos incobrables y por el otro le hacían transferencias permanentes a la administración provincial. «El Banco parecía una caja del Gobierno de la provincia», sostuvo Corvalán.
El vaciamiento del Banco resultó ser el inicio y verdadero prólogo de un proceso que finalmente culminó con la privatización del mismo, quedando inicialmente en manos de los hermanos Carlos y José Rhom, más tarde condenados por la justicia.
La Asociación Bancaria recordó que el propio Banco Central advirtió oportuna y reiteradamente sobre las notables irregularidades de esa operatoria al referirse a la existencia de la mayoría de la cartera crediticia otorgada a unas decenas de deudores principales, dando cuenta de la altísima incobrabilidad de dichas acreencias, sin garantías y sin mínimas capacidades crediticias de esos deudores.
«En el 2017 nos constituimos como querellantes precisamente para que se hiciera justicia y no prescribiera la causa. Hay que recordar que, a partir de 1983, cuando vimos desmanejos en el Banco, fuimos los trabajadores organizados quienes denunciamos lo que considerábamos que a todas luces se estaba produciendo: créditos mal otorgados; convenios sospechados de coimas; y distintas situaciones presentadas ante la Justicia», recordó el referente local de La Bancaria, Matías Layús, también ante Conclusión.
Y añadió: «Todo este vaciamiento fue la excusa que utilizaron los gobernantes para privatizar la herramienta financiera de los santafesinos. Nunca bajamos la bandera de que el banco vuelva a manos del Estado. Por protestar y manifestarnos en Santa Fe cuando el Senado lo trató, fuimos reprimidos con balas de plomo. El 26 de julio de 1996, después de mucho esfuerzo, pudimos entrar algunos a la Legislatura santafesina».
«Quienes gobernaban -acentuó- la provincia de Santa Fe le entregaron el banco al Banco General de Negocios, que tenía entre sus accionistas a un exministro de la dictadura de Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Vasena, y un exministro de la última dictadura cívico militar, Alfredo Martínez de Hoz».
Con esos nombres implicados, desde La Bancaria entienden que mantenerse firmes en la lucha en contra de la prescripción es un compromiso con la historia reciente del país, así como también el hecho de mantener en alza el reclamo para que el Banco de Santa Fe vuelva a manos estatales.
«Hasta la fecha nunca hubo voluntad de ningún gobierno de recuperar la herramienta financiera que significa el Banco de Santa Fe, más allá de la solidaridad que en algunos momentos han tenido varios partidos políticos con la defensa del Banco de Santa Fe», lamentó el dirigente bancario Luis Ortega, también presente en la conferencia de prensa de este jueves.
A pesar del tiempo transcurrido y las resoluciones adversas, desde el sector gremial dicen ser optimistas en lograr una conclusión favorable para el caso y, de esta manera, poder honrar la lucha de largas décadas en busca de justicia.
