Se trata de Arturo Murillo, quien encabezara la cartera de Gobierno de la ex presidenta de facto boliviana, involucrado en la compra de gases lacrimógenos y en casos de lavado de dinero. Su jefe de Gabinete y tres ciudadanos estadounidenses también fueron arrestados por el caso.
Al ex presidente de Bolivia se lo acusa de «sedición, terrorismo y financiamiento de terrorismo» y es requerido para que «responda sobre el caso» y preste «declaración informativa».
Mientras miles de bolivianos salieron a las calles para pedir la renuncia de Áñez, la presidenta de facto canceló un viaje al interior del país por temor a un atentado y el ministro de Gobierno advirtió que se enviará a la cárcel a quien continúe «hostigando a Bolivia».
