«La caída del salario desde que asumió esta gestión ha sido estrepitosa. Esta propuesta es inaceptable. Lo que ofrecen ni siquiera se corresponde con los datos de inflación oficial. No podemos ser cómplices de este recorte brutal de nuestros ingresos», apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General del gremio.
De acuerdo con la resolución 333 publicada en el Boletín Oficial, la medida se toma para «propender a la mayor transparencia y eficiencia de la Administración Pública Nacional».
El fundamento oficial es que no hubo despidos masivos, sino “bajas» de contratos, pero los abogados laborales advierten que la decisión traerá un aumento en los litigios del Estado.
Y el rojo no fue mayor porque se computaron $206.024 millones como ingresos de rentas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
“No vamos a aceptar que nuestros salarios se licuen por inflación. El Gobierno quiere empobrecernos. Serán los únicos y exclusivos responsables del aumento de la conflictividad”, indicó Rodolfo Aguiar.
