La causa del viaje de jueces y funcionarios porteños a Lago Escondido pasará a Comodoro Py

El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido -en la provincia de Río Negro- protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.

«Hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes», dice el juez Farah en su resolución, conocida este miércoles.

El lunes, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, opinó en ese mismo sentido en un dictamen que evaluó Farah al concluir la feria judicial.

«Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí», dijo Farah en su decisión.

En ese marco, el camarista indicó que «a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios» y agregó: «Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí».

El paso de la causa a Comodoro Py, rechazado en primera instancia, fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico imputado en la causa por ser uno de los viajeros que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, y junto al ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, quienes fueron recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

«En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio», sostuvo el fiscal Agüero Iturbe, según consta en su dictamen de siete páginas.

El fiscal recordó que en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, se reseñó la «existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara».

«A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas ‘al contado’ e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa», había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.

La causa tramita por ahora ante el juzgado federal de Bariloche, que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal).

En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia), Marcelo D´Alessandro; el ex agente de inteligencia durante la gestión Cambiemos, Leonardo Bergroth, y el presidente de Mediabit SA, Tomás Reinke.