VIERNES, 29 DE NOV

Desafectan a los jefes policiales de Laprida responsables de la comisaría donde murió Abregú

La Comisión Provincial por la Memoria informó que, tras una presentación conjunta con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante el Gobierno bonaerense, los efectivos fueron desafectados durante el tiempo que se extienda la investigación penal.

 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desafectó al ahora exjefe de Policía Comunal de Laprida, comisario inspector Marcelo Amaya, y al exjefe de la estación de la misma fuerza y ciudad, comisario Cristian Barrios, quienes eran responsables jerárquicos de la seccional donde apareció muerta Daiana Abregú, la joven de 26 años que fue años hallada asfixiada el 5 de junio en una celda.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó que, tras una presentación conjunta con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos ante el Gobierno bonaerense, los efectivos fueron desafectados durante el tiempo que se extienda la investigación penal.

Según se indicó desde la CPM, Amaya y Barrios habían sido trasladados a la ciudad de Tres Arroyos para continuar allí cumpliendo sus funciones, situación que fue cuestionada por los organismos de derechos humanos en una nota dirigida al gobernador Axel Kicillof el pasado 21 de julio.

El organismo le había transmitido su “preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social”.

“Tal práctica, que es habitual y se remonta en el tiempo, es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito”, destacaron los organismos en la carta y agregaron “la persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –número 13482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación como en la Provincia”.

Para la CPM y la ADPH, los policías debían haber sido separados preventivamente de sus cargos ya que “ambos resultan ser –cuanto menos- responsables funcionales de la muerte de la joven”.

En la carta, se solicitó a Kicillof que “se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada”. De esta manera, los policías fueron desafectados durante el tiempo que se extienda la investigación penal, al tiempo que se intervino la dependencia policial.

El caso Daiana

Daiana fue hallada muerta la tarde del 5 de junio último en una celda de la Estación de Policía Comunal de Laprida, unos 430 kilómetros al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tras ser aprehendida cerca de las 7 de la mañana porque se encontraba alcoholizada y realizando disturbios en la vía pública.

Por el hecho fueron acusados de homicidio y detenidos Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur, policías que se desempeñaban en la Estación de Policía Comunal de Laprida al momento del hecho, quienes fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaron por orden de la jueza de Garantías 1 de Olavarría, Fabiana San Román.

 

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