El Congreso de Perú aceptó debatir la destitución del presidente Castillo
Con procedimientos similares fueron destituidos los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
El Congreso de Perú, dominado por la oposición de derecha, aceptó debatir una moción de destitución del presidente Pedro Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de dos exmandatarios desde 2018.
La iniciativa fue aprobada por 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que propuso el 28 de marzo como fecha para que el plenario decida la suerte del presidente de izquierda. «Ha sido admitida la moción», dijo Alva, tras la votación, que siguió a varias horas de debate.
Se trata de la segunda «moción de vacancia» contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder, luego de que en diciembre fuera desestimada la primera.
El pedido lo impulsaron 49 congresistas de los partidos de derecha Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, con apoyo de legisladores de otras bancadas.
La oposición alega «incapacidad moral» de Castillo para el cargo y necesita 52 votos, del total de 130 congresistas, para abrir el debate. Especialistas señalan que la oposición no conseguiría los 87 votos que exige la Constitución para remover a un presidente.
Con procedimientos similares fueron destituidos los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Según la oposición, el presidente está salpicado por la presunta corrupción de su entorno e incurrió en «traición a la patria», una acusación por la que hoy el mandatario presentó un «habeas corpus».
El recurso fue admitido a trámite, informó el equipo legal del mandatario, y en él se detalla que los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento habrían cometido una «presunta vulneración del derecho a la libertad individual», al debido proceso y al principio de legalidad.
También señala que la acusación constituye un ataque a la presunción de inocencia y a la libertad de conciencia.
El pasado 28 de febrero, la SAC declaró procedente una denuncia constitucional contra Castillo por la presunta violación de artículos de la Constitución por sus declaraciones sobre la posibilidad de facilitar la salida al mar de Bolivia durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN.
La decisión fue adoptada en votación dividida -nueve a ocho- y la acusación incluye «presunta infracción constitucional» y «probable comisión del delito de traición a la patria», dijo ese día el Congreso en su cuenta oficial en Twitter.
Este mes la desaprobación del mandatario cayó a 66%, tres puntos porcentuales menos que en febrero cuando sumó su nivel más alto (69%), pero aún más desprestigiado está el Congreso, al cual lo desaprueba un 70%, según sondeo de Ipsos.
El choque de poderes en Perú entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es unicameral, volvió a trascender fronteras, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hizo un llamado a respetar la «voluntad popular».
La Celac señaló el fin de semana «su preocupación por la situación institucional que atraviesa Perú y enfatizó la necesidad de que se respeten el orden democrático y la voluntad popular expresada en favor del Presidente Pedro Castillo», en un comunicado de su presidente rotativo, Alberto Fernández.
El presidente boliviano, Luis Arce, tuiteó en apoyo a Castillo, «elegido por voto popular en un proceso que tuvo como testigo a América Latina».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya había expresado en diciembre su preocupación por cómo se ha desvirtuado «por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú».
El presidente de México, Andrés López Obrador, también había denunciado en diciembre que en Perú había «una especie de preparación a un derrocamiento» lanzada por sectores conservadores.
La posible destitución de Castillo ronda en el aire desde su elección en junio, cuando sus rivales denunciaron «fraude» a pesar del aval a su victoria de observadores de la OEA y la Unión Europea.
Castillo, un maestro rural de 52 años que asumió la presidencia de Perú el pasado 28 de julio por cinco años, es objeto de críticas que le acusan de falta de rumbo y señalan sus constantes crisis ministeriales.