México vota referendo para enjuiciar a ex presidentes acusados de corrupción
El referéndum, cuyos resultados se conocerán de 48 a 72 horas después de la votación, apunta hacia Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Mario Guzmán / EFE.
Los mexicanos votaban este domingo en un referéndum para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción, aunque se anticipaba una baja concurrencia que podía dejarlo sin efectos legales.
La consulta, primera a nivel federal, es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y su partido progresista, Morena. Para ser vinculante deben votar al menos 37,4 millones de personas (40% del padrón electoral).
El «sí» lograría hasta 90%, pero no tendría carácter legal porque «difícilmente se llegará al 30%» de participación», señaló Roy Campos, director de la encuestadora Mitofsky. Pero AMLO, acrónimo con el que se conoce al gobernante de 67 años, no pierde la esperanza.
El referéndum, cuyos resultados se conocerán de 48 a 72 horas después de la votación, apunta hacia Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En México los exmandatarios pueden ser juzgados como cualquier ciudadano, pues pierden el fuero al dejar el poder. Sin embargo, López Obrador argumenta que la consulta es necesaria porque contribuirá a la aplicación de justicia y fortalecerá la democracia participativa. De todos modos, dijo que no votará, aduciendo que no quiere que el «conservadurismo hipócrita y corrupto» lo acuse de vengativo y porque es «de la idea de seguir adelante».
«Tampoco quiero pasar a la historia como tapadera (…), la gente tiene que decidir», sostiene. AMLO impulsó una reforma que permite someter a los presidentes a un referendo revocatorio cuando cumplan la mitad del mandato de seis años. El gobernante, con una popularidad de 57% según Mitofsky, lo hará voluntariamente en 2022.
La pregunta propuesta por López Obrador, que considera la corrupción como el principal problema del país, citaba a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte la modificó al avalar el referéndum. «Es poco sexy, ni los abogados la entendemos», dijo a la agencia de noticias AFP la constitucionalista Paula Sofía Vázquez.
El enunciado reza: «¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), si la fiscalía tiene elementos contra los exmandatarios no es necesario que «el pueblo te diga sí o no».
«Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político», comentó a su vez José Miguel Vivanco, director regional de Human Rights Watch.
Pero para Omar García, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 atestiguó cómo 43 compañeros fueron detenidos por policías cómplices de narcotraficantes para luego ser desaparecidos, escuchar la «voz popular» es válido así no sea vinculante.
«El resultado no será determinante para que se haga justicia, pero sí impulsa a acabar con la impunidad», señala García, quien promueve el «sí».
La votación arrancó a las 8 (las 10 en Argentina) y durará diez horas. Alegando falta de recursos, el INE realizó una modesta promoción del referendo. Instaló 57.000 urnas, frente a 160.000 de las elecciones legislativas y locales de junio pasado. López Obrador acusa al organismo de avalar «fraudes» en el pasado.
El mandatario llamó a tener presente en la consulta escándalos como el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Además, acusa a Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a «allegados», y a Zedillo de «endeudar» al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994.
A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de haber desatado un baño de sangre con su guerra antidrogas.