La Inspección de Trabajo le exige a Glovo 16,2 millones de euros por falsos autónomos
Es por un total de 11.013 falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo en 2019 y 2020, tras realizar un total de 30 actuaciones contra la multinacional a raíz de denuncias sindicales y acciones de oficio.
La Inspección de Trabajo dio de alta como trabajadores a 11.013 repartidores falsos autónomos de Glovo el año pasado y en lo que llevamos de 2020, según información consultada por elDiario.es. La autoridad laboral reclama a la multinacional catalana de envíos a domicilio un total de 16,2 millones de euros por las cotizaciones impagadas a la Seguridad Social de estos trabajadores.
El cerco de la Inspección de Trabajo sobre Glovo forma parte de su actuación contra los falsos autónomos en plataformas digitales, en la que también hallaron este abuso laboral en Deliveroo, Uber Eats y la semana pasada se conocía el alta de unos 4.000 repartidores falsos autónomos del gigante del comercio electrónico Amazon. Por el momento, Glovo es la plataforma en la que más falsos autónomos detectó la autoridad laboral.
Entre 2019 y lo que llevamos de 2020, la Inspección realizó 30 órdenes de servicio sobre Glovo, ocho de ellas de oficio y 22 derivadas de denuncias presentadas por sindicatos. En concreto, por UGT, CNT, CCOO, CUT, Corriente Sindical d’Izquierda de Uvieu, SAT.
Las denuncias sindicales descubrieron un total de 9.251 falsos autónomos en la multinacional en este periodo de referencia mientras que las investigaciones de oficio de la autoridad laboral se han plasmado en el alta como trabajadores de otros 1.762 repartidores. En total, la Inspección reclama a Glovo 16.218.944 euros por cotizaciones sociales impagadas.
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A estas actuaciones habría que sumar las investigaciones previas de la Inspección de Trabajo sobre la compañía fundada por Oscar Pierre, cuyo balance total desconoce este medio. La primera ocasión en la Inspección de Trabajo concluyó que los repartidores de Glovo, también conocidos como riders, eran falsos autónomos fue en Zaragoza, en verano de 2018. Unos meses después, en diciembre de 2018, se conocía una nueva acta de la Inspección que declaraba también el mismo fraude laboral en la ciudad de Valencia.
Junto a las actas de la Inspección laboral, la justicia también concluyó en varias ocasiones que el modelo laboral de Glovo es fraudulento. El pasado mes, lo hizo el Tribunal Supremo en una importante sentencia, la primera del Alto Tribunal que analizaba la relación laboral de los trabajadores de este tipo de plataformas digitales y que concluyó que un repartidor de Glovo era falso autónomos. En su sentencia, los magistrados analizan cómo trabajan los repartidores de la multinacional catalana y concluyen que Glovo «no es una mera intermediaria» sino que «realiza una labor de coordinación y organización del servicio» y declaran que sus mensajeros deberían ser trabajadores por cuenta ajena.
Glovo sigue repartiendo con autónomos
Pese a estas resoluciones de la Inspección y la sentencia del Supremo, la multinacional que dirigen Oscar Pierre y Sacha Michaud mantiene su modelo laboral de repartidores autónomos en la actualidad. «Glovo respeta la sentencia del Tribunal Supremo y espera la definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa», respondió en un comunicado la empresa tras conocerse el veredicto del Alto Tribunal. Pierre había afirmado en el pasado que, si la justicia llegara a determinar que los repartidores deben ser trabajadores con una sentencia del Tribunal Supremo que creara jurisprudencia, «sería una buena faena, pero nos adaptaríamos, veríamos la manera».
Según apunta ahora la multinacional, «el debate» sobre la relación laboral de sus mensajeros «se encuentra abierto, ya que hay varias sentencias que validan el modelo», aunque todas ellas son de instancias inferiores al Supremo, el órgano que crea jurisprudencia en España. Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado a Glovo que cumpla con lo dictado por el Supremo y regularice a todos sus mensajeros, pero la empresa parece lejos de tomar esta decisión y está a la espera de la regulación que apruebe el Gobierno de coalición sobre los trabajadores en plataformas digitales.
Este miércoles, el Ministerio de Trabajo inició el diálogo social con los sindicatos y la patronal para sacar adelante esta nueva regulación, con la que la ministra Yolanda Díaz pretende reforzar la laboralidad de los repartidores para que las compañías no puedan mantener el modelo de autónomos actual. El sindicato UGT es el más crítico con la necesidad de aprobar una nueva legislación al respecto, porque considera que el actual Estatuto de los Trabajadores ya encuadra a los mensajeros como trabajadores y teme que las plataformas digitales puedan lograr algún tipo de «concesión» o vía para legitimar su modelo de autónomos en la nueva legislación.
En Trabajo insisten en la necesidad de esta norma que dé «instrumentos de seguridad jurídica» y «certeza» a los trabajadores de plataformas digitales, como explicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. En opinión del Ministerio, sentencias como la del Supremo son «muy importantes» pero «es necesario despegarse del caso particular y dar soluciones generales. Esto es lo que separa la actuación del legislador de la de los jueces», insistía Pérez Rey.