«Ingreso universal» con «racionalidad fiscal»: avanza un debate tan pendiente como complejo

Mientras crece sin pausa la pobreza en el país (probablemente ya supera el 50%) y la generación de trabajo genuino no aparece ni siquiera en el mediano plazo en el horizonte, avanza el en Ejecutivo nacional la idea de establecer una renta generalizada para la población, en sintonía con lo que otros líderes con peso en el mundo, como el papa Francisco, impulsan desde hace tiempo.

El encargado de explicitarlo fue ahora el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien aseguró que avanza en el Gobierno nacional el debate en torno a desarrollar un mecanismo que establezca «un ingreso universal de base» para las personas en estado de vulnerabilidad, pero aclaró que debería ser «por consenso» y «por etapas», por el impacto fiscal.

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«No dudo que va a haber un mecanismo que establezca un ingreso universal de base asociado al trabajo. Es un debate que está avanzando mucho», dijo Arroyo en declaraciones a la radio online Futurock al ser consultado sobre la posibilidad de que el Estado otorgue una asistencia de base, similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Agregó que incluso se está realizando «un trabajo con cámaras empresarias, organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos con representación parlamentaria» en ese sentido.

La racionalidad fiscal, señalada por muchos como un oxímoron liberal, puede estar generalmente recubierta de malas intenciones pero ningún país puede gobernarse con más de 10 puntos de déficit, como los que tendrá seguramente Argentina este año (en términos mensuales hoy es probablemente más; para tener una idea, cuando renunció Alfonsín esa variable llegaba a 12 puntos del Producto Bruto).

Por eso Arroyo supedita el debate a esa variable y por eso también economistas con mucho peso en el Gobierno, como Cecilia Todesca (es la virtual jefa de Gabinete a pesar de ser la vice de Santiago Cafiero) ya explicitan la necesidad de motorizar la hoy exigua generación de empleo desde el sector privado (empresas y sindicatos), una falencia que viene desde los últimos años de la gestión de Cristina Kirchner y que Macri agravó profundamente.

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En ese sentido, el jefe de Gabinete ya adelantó este lunes que el IFE de agosto será el último ya que «esto lo tenemos que ir complementando con inversión pública y generación de empleo, que viene con la reactivación económica. Quedan los problemas estructurales de la Argentina, que son los que nosotros vinimos a resolver. Generar empleo abandonando un modelo de especulación financiera e ir hacia un modelo de producción y empleo».

En cuanto a la aplicación del hipotético ingreso universal, Arroyo señaló este martes que tendría que ser «por consenso» y «por etapas» ya que «es un impacto fiscal importante» y «asociado al trabajo».

«Es tiempo de combinar derechos y movimiento económico», aseveró Arroyo, y planteó que un ingreso de ese tipo «también va a hacer mover el consumo».

En este marco, señaló que la medida también tendría que ir de la mano de «la urbanización de cuatro mil barrios y asentamientos», a partir de la ley de expropiación de terrenos en villas de emergencia para ser otorgados a las familias que allí viven, aprobada en 2018 por unanimidad en el Congreso, un consenso pocas veces visto en el país de la intransigencia.

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Arroyo dijo también que la situación social es «estable» debido a que hay «un Estado presente». «Hay más estructura y organización social, y hay que tomar nota de que están surgiendo nuevos liderazgos sociales en Argentina, de gente que estaba en su casa y fue a la olla popular, y que ahora está haciendo cosas», dijo.

Con la pandemia, «está claro que aumentó la pobreza, y tenemos que ver el tema de la indigencia; también aumentaron la desocupación y la informalidad laboral y sobre esa base tenemos que empezar a reconstruir», asumió el ministro.