“Existe un abismo entre el Poder Judicial y las víctimas”

El caso del Triple crimen de Villa Moreno suma más capítulos. Luego de conocerse ayer la decisión de la Cámara de Apelaciones que atenuó penas a dos integrantes de la banda y dejó libre a un cuarto, familiares, amigos y militantes del Movimiento 26 de junio, donde los jóvenes asesinados militaban, emitieron un comunicado para expresar su indignación y sorpresa por la resolución de los camaristas Georgina Depetris y Daniel Acosta. A su vez, el juez de Cámara Adolfo Prunotto Laborde ratificó en su totalidad la sentencia de primera instancia.

En este sentido, el comunicado expresa que “la Cámara de Apelaciones leyó los fundamentos de la resolución a la que arribaron en el marco de la revisión de penas surgidas del juicio oral y público por el Triple Crimen de Villa Moreno, en el que el Tribunal de primera instancia condenara a los cuatro implicados en el asesinato de Jere, Mono y Patóm con penas desde 24 hasta 32 años de prisión. Aquel caudaloso texto de sentencia, fundado en frondoso material probatorio acumulado por años de una investigación instructoria diligente, ventilado en más de diez audiencias públicas de cara al conjunto de la ciudadanía, hoy resultó desautorizado por la Cámara en sus extremos más salientes”.

Los integrantes del colectivo donde militaban Jere, Mono y Patóm advierten “la lejanía de la Justicia en relación a la realidad cotidiana que se vive en los barrios de Rosario», según expresó Pedro “Pitu” Salinas, dirigente y concejal electo de Ciudad Futura. En consecuencia, continúa el comunicado, “por dos votos (Georgina Depetris y Daniel Acosta) contra uno (Alfredo Prunotto Laborde), se decidió reducir las penas de Daniel Delgado de 30 a 21 años de prisión y de Mauricio Palavecino de 24 a 19 años. Pero, además, contra todo pronóstico que se empariente con algo de lógica y sentido común, se decidió absolver a Brian “Pescadito” Sprio, quien fuera condenado por el Tribunal de primera instancia a la pena de 28 años de prisión. Una vez más: de 28 años de prisión, a una absolución lisa y llana”.

Tanto a los militantes sociales como a los familiares y amigos de las víctimas “la fundamentación de esto último fue pobre y escueta, pero lo más llamativo es que se fundó en la modificación de los hechos tal como habían sido acreditados en el juicio oral y público, es decir: las constancias de las cámaras del Heca que muestran a Sprío trasladar a su amigo Maximiliano Rodríguez a ese nosocomio, el traslado del BMW de Maximiliano a calle Cafferata y Avenida del Rosario y su arribo nuevamente al Heca, para retirarse junto a Delgado por puertas distintas, no fueron tenidos en cuenta por Depetris y Acosta al momento de valorar el hecho. Como así tampoco -y esto ya es indignante- no fue tenido en cuenta que Sprío, se supone íntimo amigo de Maximiliano Rodríguez, nunca jamás volvió al nosocomio a velar por la salud de su amigo. ¿Repentina indolencia? Parece una actitud más propia de alguien que intenta sustraerse de un proceso penal, lisa y llanamente”, accionar que se traduce en una clara actitud de “profugarse de la justicia”.

En tanto, el equipo de abogados “estudia en detalle las variables técnico-jurídicas de la resolución, nos interesa aquí estampar algunas consideraciones de orden más general, entendiendo que ninguna investigación judicial (y mucho menos ésta) puede ser verdaderamente apreciada sin un contexto preciso. Es que aquí, con toda claridad, no sólo se discuten tecnicismos, jurisprudencia, o interpretación de doctrina. Lo que se puso en tensión con la movilización emprendida desde aquella fatídica madrugada del 1 de enero de 2012, lo que se colocó en escena, son formas diametralmente opuestas de entender a la Justicia”.

El compromiso y la lucha está vigente desde el primer día por parte de “los familiares, amigos y compañeros de militancia de los pibes apostamos a generar un proceso que, amparado en la movilización popular y en un caudal probatorio atípico por su extensión en causas como a la que hacemos referencia, pueda colocar a los distintos actores judiciales, en las diferentes instancias, debiendo fundamentar sus actuaciones frente a la sociedad toda. A eso algunos lo llaman, interesadamente, “presión popular”. Nosotros insistimos en denominarlo democracia”, expresaron.

La indignación causada luego de escuchar los fundamentes de los camaristas da la pauta que “para los primeros, la Justicia no es algo muy lejano a una mera transacción entre partes, siempre ejecutada en oscuros e inaccesibles despachos, cuasi guaridas donde resguardar sus privilegios (cultores de una presión solapada, que jamás se les ocurriría denunciar: la presión corporativa). Para los segundos, para nosotros entre otros tantos, la Justicia debe ser un servicio público; no como una mera expresión de deseos, sino como algo concreto y material: algo muy parecido a lo que fue hasta aquí el proceso judicial del Triple Crimen de Villa Moreno, quizás el proceso más accesible a la ciudadanía de que se tenga memoria por estos suelos. Por el contrario, lo que mostró hoy con obscena claridad la resolución de Cámara, es el enorme abismo que separa al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe respecto de las víctimas”, y de la cotidianeidad que se vive en los barrios, expresó Salinas.

En la misma sintonía el referente social, continuó “no podemos menos que sentirnos alarmados por la reciente resolución de Cámara, debido a que no sólo desautoriza una fundada sentencia que se recostó en un plexo probatorio de una densidad inusual, en igual de inusuales audiencias orales donde se ventilaron testimonios certeros, escuchas por demás significativas, y un proceso investigativo de tres años; desautorizó además una de las formas de la justicia en pugna, y con ella, dejó un mensaje atroz: los jóvenes de barrios periféricos pueden seguir matando y muriendo, indistintamente, porque eso a la Justicia no le interesa en lo más mínimo”.

En consecuencia, “por nuestra parte, aún profundamente adoloridos, no pensamos en bajar los brazos. En los próximos días presentaremos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Santa Fe, y con seguridad en los días venideros anunciaremos actividades para proseguir este proceso de lucha”, finalizó Salinas.

En el mismo sentido, Eduardo Trasante, padre de Jeremías manifestó que “sabíamos que podía haber alguna modificación, no precisamente la libertad de uno de ellos, lo cual vamos a apelar contundentemente. Creemos que los jueces han tenido su tiempo para trabajar, pero sabemos que hay elementos que comprometen a esta gente, más allá de lo que hoy se haya dictaminado. Seguiremos trabajando, sin bajar los brazos como lo hemos hecho siempre y expectantes de que haya una suerte de rever lo que hoy se ha resuelto”.

En claro apoyo a las palabras de familiares y militantes, Alberto Olivares, abogado querellante, expresó que “hay una contradicción muy seria en dos formas de interpretar la prueba, una la que hizo el tribunal del juicio oral que interpreta los hechos con otra lógica y con otras características, este tribunal lo hace en forma diferenciada, en cuanto a la participación de los cuatro integrantes”, en consecuencia “ya hemos hecho las reservas en cuanto presentaremos un recurso de inconstitucionalidad”, aseguró.

Foto: Florencia Vizzi