La evaluación de la opinión pública sobre los gobiernos en el marco de la pandemia

Por el Lic. Gustavo Menin (UNR) y el Lic. en Física Gustavo Albertengo (UNR), titulares de la consultora Episteme

La primera etapa de la cuarentena significó un ordenamiento unidimensional del debate público. Cobertura noticiosa total respecto al coronavirus, aumento del consenso en torno a los oficialismos sin fundamento ideológico, priorizando las medidas necesarias para evitar una tasa de mortalidad comparable a otros países del mundo. Actualmente, sectores vinculados a la actividad productiva, comercial, profesionales liberales y de servicios pueden sentirse más preocupados por el impacto económico y ello haría disminuir el consenso sobre la cuarentena y por tanto de la imagen de Alberto Fernández. En las próximas semanas, teniendo en cuenta la cuestión económica y eventualmente las excarcelaciones, se verá si el disenso al gobierno es capitalizado por Macri, Larreta o ninguno y si el presidente puede replicar la imagen pública del comienzo de su mandato en un escenario de gran control sanitario para evitar una suba abrupta de casos.

La medición de “management & fit” relevada entre el 21 y 24 de marzo, tuvo como resultado un 91,7% de aprobación sobre el desempeño de Alberto Fernández en el marco de la pandemia. Esto se debe principalmente a la antelación del aislamiento obligatorio frente a otros casos del mundo como España, Italia o Estados Unidos. México y Brasil son ejemplos contrarios a lo antedicho. Países que no aplicaron el aislamiento total y cayó la imagen de la performance gubernamental.

La primera característica de este consenso general en la opinión pública es su cortoplacismo. El atentado a las Torres Gemelas, hizo que George W. Bush pase de una aprobación del 51% al 90%, no obstante, en las elecciones presidenciales del 2004, el mandatario le ganó con 50,7% a su contrincante demócrata, por un poco más que 2%. Otro ejemplo histórico es Churchill perdiendo en el Reino Unido luego de la Segunda Guerra Mundial frente al candidato del Partido Laborista, Clement Attlee. Ejemplos como estos ponen en evidencia una segunda característica del consenso en contexto de riesgo o crisis: si es generalizado, entonces la opinión pública no se rige por variables de largo plazo, como por ejemplo la ideología, sino desde la (des)aprobación de las decisiones del gobierno según la etapa de la situación de riesgo o crisis.

Entonces, si este consenso general no se rige por variables de largo plazo, ¿Qué sucede con la economía? En la encuesta antedicha, el 74,2% de la muestra asegura que el coronavirus impactará “de manera negativa” en su situación económica personal y un 15,1% aseguró todavía no saberlo. Es decir que la sociedad argentina estaba dispuesta a pagar un costo económico frente a la pandemia, con tal de reducir la tasa de mortalidad.

Ahora bien, luego del anuncio del gobierno nacional sobre el eventual esparcimiento generalizado el sábado pasado, se puso en evidencia un error de comunicación asumido por el propio presidente pero también una falta de coincidencia en las prioridades que deben tomarse en el proceso de levantamiento paulatino del aislamiento obligatorio. Los gobiernos sub-nacionales de la zona central del país, los más afectados por los casos de COVID-19 y donde se aglomera el 62,3% de la población argentina, priorizaron la apertura de actividades económicas antes que el esparcimiento por una hora de la población en general. Esta descoordinación en las agendas, puso en evidencia los debates desde donde el gobierno nacional quiere ser juzgado por la opinión pública.

Si bien el aislamiento obligatorio y la apertura de la actividad económica es potestad por igual de las provincias definida en la Constitución Nacional, el gobierno de Alberto Fernández decidió tomar la iniciativa bajo consenso mayoritario de los actores políticos en el anuncio de la cuarentena obligatoria pero delegó la definición a los gobiernos sub-nacionales sobre la actual exceptuación de actividades económicas. De modo tal que hoy las provincias tienen la iniciativa de proponer qué zonas y qué actividades deben liberarse, compartiendo de ahora en más la responsabilidad política de esa decisión con el gobierno nacional.

En el plano local, Pablo Javkin si bien trepó sustancialmente en las encuestas, cuenta con el desafío político de lograr una acción coordinada entre los otros niveles del estado dejando necesariamente su protagonismo de lado, pero también, imponiendo los intereses que sean convenientes para la sociedad rosarina en general cuando sea necesario.

Ahora bien, ¿Qué sucederá de ahora en más? En principio, solamente es posible definir los parámetros desde dónde puede ser pensado lo que viene.Por un lado, podría suponerse que la primera etapa de la cuarentena significó un ordenamiento unidimensional del debate público. Con un aumento de los consenso en torno a los oficialismos, una cobertura noticiosa total respecto al coronavirus y una priorización respecto a las medidas necesarias para evitar una tasa de mortalidad comparable a países como España o Italia.

El consenso en torno a los oficialismos pueden variar, más si tenemos en cuenta que en un contexto de estabilidad de la propagación del virus, sectores vinculados a la actividad productiva, comercial, profesionales liberales y de servicios pueden preocuparse más por el impacto económico. Ello ya sucedió en los Estados Unidos, donde la consultora “Morning Consult” concluyó en base a una encuesta de opinión del 18 y 19 de abril, que “los números marcan por primera vez que los votantes republicanos han priorizado el efecto de COVID-19 en el mercado de valores y las cifras de desempleo, por sobre su potencial para expandirse y causar más muertes”. Puede observarse cómo la demanda social de la apertura de la actividad económica está vinculada a la posición partidaria en el contexto norteamericano. La situación política de Estados Unidos no es extrapolable, no obstante, el espacio Juntos por el Cambio en nuestro país solicita al oficialismo paliar sustancialmente la situación económica. De modo tal, se verá en las próximas semanas si son sus votantes, los primeros en desestimar el accionar de Fernández, priorizando la puesta en funcionamiento de la economía.

En este sentido, el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) para garantizar el “75% del salario neto que le hubiera correspondido al trabajador”, podría entenderse dentro de un margen comprensible para la opinión pública, tal como vimos en los valores de la encuesta al comienzo de este artículo. Distinta es la situación sobre la ayuda con el pago de salarios por parte del gobierno nacional. Allí existe un requisito excluyente donde las empresas no deben tener un incremento de la facturación nominal entre 2019 y 2020, tomando como período de comparación el comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de cada año. En este caso, esta exclusión puede traer consecuencias en el empleo. Para la ciencia política argentina, la inflación y el desempleo son los únicos componentes por los cuales la ciudadanía entiende la economía. Se verá si la responsabilidad de estas variables seguirá siendo del gobierno nacional o es extensible a los gobiernos sub-nacionales. O dicho a modo de pregunta, si los gobiernos provinciales retrasan la apertura económica, ¿Los efectos negativos de tal letargo son responsabilidad del gobierno nacional o provincial?

Es inevitable que en los próximos sondeos comience a evidenciarse una caída de la imagen del presidente Alberto Fernández respecto al manejo de la situación de riesgo por el coronavirus.

Inclusive si contemplamos que según el epidemiólogo Marc Lipsitch de la Universidad de Harvard, el COVID-19 podría infectar entre un 40% y 70% de la población mundial. De modo que el gobierno se encuentra en el dilema de levantar la cuarentena sin terminar en un pico de casos, donde algunos sector pueden plantear que se pagó un precio altísimo para contener algo que era inevitable. Habrá que determinar si esta caída lo mantiene en los valores equivalentes al comienzo de su mandato (20 de enero del 2020, 50,5% de imagen positiva, relevamiento “management & fit”), en un escenario de gran control sanitario para evitar una suba abrupta de casos. Queda abierto el rol de la oposición a nivel nacional. Se verá si Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta se insertan en el debate público logrando que pasemos de un ordenamiento unidimensional con consenso total a los oficialismos, a un escenario de disenso con influencia de las posiciones ideológicas. Tanto por el probable cambio de perspectiva de los sectores productivos, comerciales y profesionales liberales, así como también, por el proyecto de Máximo Kirchner sobre el impuesto a la riqueza y las excarcelaciones producidas en los últimos días. En este último punto, según el manejo que tenga Omar Perotti sobre las solicitudes en Santa Fe, determinará si este tema tiene efectos negativos en el gobierno provincial.