Temer moviliza tropas para poner fin a una huelga que paraliza a Brasil

El presidente Michel Temer ordenó el viernes a la policía y al ejército actuar contra «una minoría radical» de camioneros que ignoró un acuerdo para poner fin a una huelga que desde hace cinco días colapsa a la economía de Brasil.

«Accioné a las fuerzas federales de seguridad para desbloquear carreteras», dijo Temer en una breve alocución desde el Palacio de Planalto en Brasilia.

«Muchos camioneros están haciendo su parte, pero desafortunadamente una minoría radical ha bloqueado carreteras impidiendo que muchos camioneros lleven adelante su deseo de atender a la población», agregó.

El Ejército, la Marina y la Aeronáutica desplegarán una acción «rápida, integrada y enérgica» y buscará ante todo liberar la circulación en áreas «críticas» como refinerías, puertos y aeropuertos, precisó posteriormente el ministro de Defensa, el general Joaquim Silva e Luna.

Uno de los principales sindicatos que había rechazado el acuerdo con el gobierno, la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), pidió levantar los bloqueos, «por razones de seguridad», aunque sin cesar las protestas.

«Ya le hemos demostrado nuestra fuerza al gobierno, que nos trató de minoría. Conseguimos parar 25 estados brasileños con más de 504 bloqueos», afirmó en un comunicado esa entidad, que reivindica la adhesión de 700.000 camioneros autónomos (en su mayoría propietarios de un solo vehículo y como máximo de tres).

A fines de la tarde, cuatro vehículos militares se estacionaron frente a la refinería Reduc, de Duque de Caxias, en el estado de Rio de Janeiro, con la intención de «escoltar un camión cisterna», explicó el ministerio de Defensa.

«Hoy en día, por un flete de 1.000 reales para ir a Sao Paulo, uno gasta 400 reales en diésel y 400 de peajes. Con los 200 que le quedan ¿cómo va a comer? ¿Qué le va a quedar para su familia?», dijo a la AFP Luciano Constant, un camionero autónomo de 43 años que participaba en un bloqueo en esa localidad.

País paralizado

La crisis, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, se desencadenó por una rebelión de los camioneros contra las sucesivas alzas del diésel. El acuerdo alcanzado el jueves prevé suspender por 15 días el movimiento, en contrapartida de concesiones fiscales.

En cinco días, este inmenso país carente de una red ferroviaria importante quedó al borde del colapso.

El bloqueo obligó a cancelar vuelos en el aeropuerto de Brasilia, paralizó la totalidad de las cadenas de montaje de automóviles, redujo la actividad de grandes frigoríficos y provocó una disparada de precios de los carburantes y los alimentos.

La ciudad de Sao Paulo, capital económica y financiera del país, decretó el estado de emergencia, una medida que le permitirá entre otras cosas requisar o aprehender bienes privados, como el combustible almacenado en una gasolinera.

La crisis cuestiona la capacidad de articulación política del gobierno hasta el traspaso de poder en enero próximo y de dar un respaldo eficaz a su candidato, el exministro de Hacienda Henrique Meirelles.

La movilización «pone más en evidencia la debilidad de este gobierno y va a tener un impacto electoral, porque el gobierno va a ser como un leproso: cuando trate de acercarse a cualquier candidatura, todos van a huir de él», dijo a la AFP el analista político André César, de la consultora Hold.

De nuevo el ejército

Temer ya recurrió en varias ocasiones al ejército para enfrentar algunas de las crisis que marcaron sus dos años de mandato.

El presidente conservador, que asumió tras la destitución de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff por el Congreso, llamó a las fuerzas armadas para varias «operaciones de garantía de la ley y el orden» en estados confrontados a graves crisis de seguridad y decretó el año pasado la intervención militar del área de seguridad de Rio de Janeiro, donde la policía se ha visto desbordada por una oleada de violencia que que causa más de 6.000 muertes por año.

Muchos brasileños ven a las Fuerzas Armadas como una de las pocas instituciones al abrigo hasta ahora de las denuncias de corrupción que en los últimos años sacudieron al país, pero evoca también los recuerdos de la cruda represión de la época de la dictadura militar (1964-1985).

«La propuesta del gobierno de convocar a las Fuerzas armadas como instrumento de represión es querer apagar el fuego con gasolina: va a instigar el conflicto y dificultar una solución equilibrada», afirmaron en un comunicado conjunto las principales centrales sindicales del país, que se ofrecieron a mediar para encontrar una solución.