Senadores y Diputados se trabaron en un conflicto de poderes

El Congreso se ve afectado nuevamente por una pelea entre el Senado y la Cámara de Diputados que explotó con el estancamiento de la reforma de la ley de tarjetas de crédito, pero que también mantiene trabados los proyectos de ley de paridad de género y extinción de dominio.

Los conflictos entre las dos Cámaras del Congreso no son algo nuevo y suelen darse por diferencias en torno a la sanción de algunas leyes, pero pocas veces se manifiestan públicamente como lo hizo el Senado el último miércoles, cuando advirtió que podría existir un «conflicto de poderes».

Fue mediante una nota firmada por todos los jefes de bloque del Senado, en la que cuestionaron la legalidad de la decisión adoptada por sus colegas de Diputados de no tratar el proyecto que reducía las comisiones que pagan los comercios por las compras con tarjeta, para votar un proyecto propio, con reducciones menores.

Más allá de las diferencias entre ambas iniciativas, el resultado fue que los senadores se negaron a tratar el proyecto enviado por Diputados tras cuestionar «la pretendida intención de aparecer como Cámara iniciadora de un proyecto en el que era Cámara revisora».

Así, el tema sobre las comisiones que los bancos cobran a los comercios por los consumos con tarjetas de crédito y débito quedó trabado, porque ninguna de las dos Cámara quiere tratar lo que aprobó la otra.

Detrás de ese conflicto hay otro que involucra a la paridad de género y a la reforma electoral que impulsó el Gobierno y los senadores enterraron a pedido de los gobernadores peronistas.

Según supo una agencia de noticias argentina, los diputados nacionales del oficialismo, con apoyo del massismo, se niegan a tratar el proyecto enviado por el Senado que establece la paridad de género en la integración de las listas electorales y de los partidos políticos.

«Hasta que ellos no saquen la reforma electoral, nosotros no vamos a sacar paridad de género», se le escuchó decir a algunos diputados del frente oficialista Cambiemos.

Si bien el bloque del Frente Renovador evita por el momento opinar sobre ese conflicto, el propio Sergio Massa, líder del espacio, intentó sin éxito que los senadores del PJ-FPV reflotaran el debate sobre la reforma.

Otra pelea entre ambas Cámaras se está dando por el proyecto de ley de extinción de dominio, que autoriza al Estado a decomisar los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.

La trabazón de ese proyecto en el Senado suele ser atribuida equivocadamente a un supuesto interés del PJ-FPV de no aprobar una medida que podría utilizarse en causas por corrupción, cuando en realidad las razones se deben a diferencias jurídicas entre las dos Cámaras.

El proyecto fue impulsado por el massismo y enviado en junio al Senado, donde los legisladores comenzaron a hacerle una numerosa cantidad de modificaciones porque sostienen que la letra original establecía un decomiso sin condena que recaía en un juez civil pese a ser una norma apuntada a delitos penales.

Ocurre que el bloque del PJ-FPV del Senado no quiere aprobar el proyecto con modificaciones sin antes tener un compromiso de la Cámara de Diputados de que avalará esos cambios y no insistirá en la redacción original, a la que algunos senadores calificaron como «un mamarracho».