Diego Bossio pidió que el proyecto de ley para emprendedores tenga una mirada federal

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires 

El diputado nacional Diego Bossio, dialogó con Conclusión y manifestó –sobre la nueva ley para emprendedores- estar de acuerdo «en que haya una política para desarrollar nuevas empresas e inversión de capital de riesgo que pueda poner el foco en nuevas iniciativas, sobre todo de pequeña escala y fundamentalmente inversiones que muchas veces requieren algún tipo de protección por parte del Estado, pero sin olvidar que debe dimensionarse conceptualmente la diferencia existente entre los emprendedores de las distintas latitudes del país».

La polémica generada entre el Gobierno y el movimiento obrero en torno al desempleo y la depresión del mercado interno, apuró la necesidad de llevar a debate algunas iniciativas del Ejecutivo que aguardaban en el parlamento. La ley enviada por Macri y enriquecida por la oposición, tiene como objeto crear un marco jurídico más favorable para promover pequeños emprendimientos. El proyecto avanzó en Diputados y será tratada el 26 de octubre en la cámara.

Se trata de una Ley por medio de la cual se brinda un marco legal que favorece la creación de nuevas empresas en Argentina -con proyección de expansión internacional- y la creación del registro de instituciones de capital emprendedor.

La propuesta plantea, en uno de sus capítulos, la creación de un nuevo tipo jurídico de empresa, llamada Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) que permitirá constituir una empresa en 24 horas, digitalizar firmas, libros y poderes y realizar la apertura de una cuenta bancaria simplificada.

La normativa apunta a resolver dos problemas que son importantes para los emprendedores, ya que luego de concebir un emprendimiento, hay que confrontar con la burocracia, que se traduce en tiempo y dinero.

Además, según la provincia en que se trate, se puede extender de 6 meses a un año y medio, convertir el proyecto en empresa. Una Sociedad Anónima o SRL, deben llenar 15 formularios , y pagar altos costos para crear esa sociedad, porque hasta que se otorga el CUIT y se confecciona la primera factura se tarda aproximadamente un año y medio.

Argentina se caracteriza por tener grandes emprendedores, sin embargo el Estado no ha contribuido en impulsar iniciativas para aprovechar esa potencialidad. Es necesario generar el contexto adecuado para la generación de más empresas y también empleo genuino.

Otra de las dificultades que encuentran los emprendedores es el financiamiento. Actualmente la forma es contraer deuda con un banco, pero resulta complejo porque no se tiene historia comercial, o por medio de acciones. Esta ley, crea un fondo de capital que permite que invierta en determinados proyectos conjuntamente con el sector privado, lo que acelera el proceso de creación de empresas que se enfocan en distintos segmentos.

Frente a esta retahila de consideraciones que fueron volcadas en la reunión de diputados, Diego Bossio respondió a los interrogantes formulados por Conclusión:

—¿Cuáles son las propuestas que promueve su bloque para mejorar el proyecto de ley?

—Para reforzar la letra del proyecto aportamos consideraciones que enriquecieron la iniciativa de ASER, por medio de la ampliación de conceptos en el articulado de la ley y que el nuevo emprendimiento para poder encauzarse como una empresa que funcione sin la tutela del Estado, se focalize en tres puntos centrales, la primera tiene que ver con la situación geográfica y regional, porque no es lo mismo tener una empresa en capital que el interior, donde la burocracia es compleja e inaccesible y por distancia o acceso a los mercados de capitales, razón por la cual pedimos diferenciar entre la capital federal y el resto del país, de manera tal que un emprendedor de cualquier provincia tenga la oportunidad de tener incentivo o beneficios mayores de manera de federalizar este tipo de iniciativa».

—Usted marcó con énfasis que se dé prioridad a proyectos que sean intensivos en materia de empleo, ¿cuál sería el marco de referencia para regular esta dinámica?

—Proponemos ampliar del 75% al 85% respecto de los beneficios impositivos, en los casos que las inversiones sean destinadas a emprendimientos pertenecientes a zonas de menor desarrollo y acceso al financiamiento y de incorporar otro concepto importante, que es el impacto en la generación de empleo a la hora de asignar los recursos. Una segunda modificación que se planteó son los límites de inversión del fondo fiduciario Fondce. Nosotros proponemos que esos recursos ociosos se puedan invertir conforme al articulado 74 y 75 de la 24241, que es la ley del sistema previsional argentino donde está claro en que se puede invertir y en que no.

—¿Que objeciones tiene respecto de la posibilidad de que esos fondos se trasladen al mercado internacional?

—No estamos de acuerdo que puedan hacerse inversiones en el extranjero porque hay muy buenos activos en Argentina, se vio que las Afjp invirtieron en acciones de empresas petroleras extranjeras, Mc Donalds, Coca Cola, que no tienen nada que ver con el espíritu de esta ley que trata de fomentar el desarrollo de los emprendedores o pequeños empresas que nacen en Argentina. Por este motivo, promovemos que el fondo fiduciario sea de un ente público,  además el contrato de fideicomiso se puede firmar teniendo en cuenta todas las  pautas legales .

—Hubo proyectos que instrumentó el Estado en el pasado que reclamaron contraprestación, ¿Cómo sería en este caso según su mirada y experiencia?

—Con respecto a los aportes no reembolsables creemos que tiene que tener un tope y es un buen instrumento para generar la cultura del acelerador y que este vaya madurando en primera etapa para seleccionar mejores proyectos, si bien es cierto que hay una delegación al sector privado por parte del Estado de selección de los temas, también es cierto que es privada, con lo cual el privado querrá tener ciertas garantías porque el Estado en experiencia recientes no se las ha dado, motivo por el cual pedimos un límite del 30% y no solo eso, sino que haya una devolución, contraprestación o contraparte de ese aporte no reembolsable. Es decir que en la medida que el proyecto avance y tenga ganancias, se haga esa devolución.

—Usted reclamó dar mayor fuerza al programa Fondo Semilla ¿por medio de qué herramientas legales será posible materializarlo?

—Hay un pedido del Bloque-PJ y de legisladores del interior sobre el programa Fondo Semilla, al que hay que profundizar con rango de Ley porque fortalece institucionalmente a otro tipo de emprendedores y pequeñas unidades productivas que tiene la intención o vocación de convertirse a futuro en empresas a las que el Estado les está otorgando algún tipo de apoyatura. La figura de la SAS es novedosa, pero en definitiva, esperamos que funcione según los objetivos que se propone la ley. Hay que priorizar el empleo porque en 5 años la actividad robótica del mundo producirá el 9% de lo se produce. Esto expulsará la mano de obra, por eso llamamos a considerar la variable empleo y pedimos que se haga ley como expresión de política de Estado.

La normativa, que obtuvo su visto bueno en el plenario de las comisiones de Legislación General, Pequeñas y Medianas Empresas y Presupuesto, fue elaborada por la subsecretaría de Emprendedores junto con la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea), que hace tiempo viene trabajando en este tipo de proyectos.