Plan Qunita: piden a legisladores que eviten la quema de los kits

Por Florencia Vizzi

Los cimbronazos por la orden judicial emitida por el juez federal Claudio Bonadío, en la cual se ordena la destrucción de los moisés-cunas contenidos en el Plan Qunita siguen replicándose en los ambientes profesionales, sociales y políticos del país.

En su fallo, el magistrado sostuvo: «En orden a las conclusiones de los organismos especialistas en la materia es que entendí riesgosa la utilización de dichos  elementos, al igual que ya lo había hecho el Ministerio de Salud cuando dispuso retirar las cunas y las bolsas de dormir del  mercado. En orden a todo ello, no ha lugar a lo solicitado por el Dr. Taiano»,  basado en que supuestamente tienen «bordes filosos, aristas vivas» y  que «las fijaciones para las cintas de sujeción de los extremos pueden desprenderse con una carga menor de nueve kilogramos».

Sin embargo, diversos especialistas de distintas instituciones han hecho oír su desacuerdo ante la decisión de Bonadío e insisten en que, en caso de tener algún tipo de fallas, los moisés podrían reformarse y seguir distribuyéndose.

En ese contexto, Conclusión intentó recorrer todas las voces autorizadas e intentó hablar con los responsables del área del Inti y de la Sociedad Argentina Pediatría (SAP), y con el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán.

Desde el Inti informaron que al tratarse de un informe solicitado por la cartera nacional de sanidad, sólo las autoridades pertinentes tienen las atribuciones para difundirlo. Por su parte, con la SAP este medio aún se encuentra tramitando la entrevista por los canales correspondientes, por lo cual no hay aún respuesta oficial.

Entre tanto, Conclusión accedió a una entrevista con ex titular de la cartera de Salud de la Nación, quien manifestó que la decisión del juez Claudio Bonadío es irracional y responde a un «claro perfil político e ideológico» y que el informe del Inti del que habla el magistrado no se refiere a los moisés-cunas contenidos en el kit, en tanto que desde la SAP preparan una declaración desmintiendo lo manifestado por el juez federal.

 —¿Cuáles son sus consideraciones en relación al fallo del juez Bonadío y a los informes del Inti y de la Sociedad Argentina de Pediatría en los cuales se basó para ordenar la destrucción de los kits?

— Bueno, en principio te digo que nosotros estamos escribiendo una carta, una solicitud al Sumo Pontífice en la cual adjuntamos todas las declaraciones de los profesionales y diversas entidades que se pronunciaron en contra del fallo de Bonadío y de algunos que incluso, lo desmienten. Por ejemplo, hablo de una eminencia como el doctor Alejandro Jenik, un especialista en Muerte Súbita Infantil, reconocido en todo el mundo, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ha emitido un comunicado oficial desmintiendo los dichos del juez. También los integrantes de la Sociedad Argentina de la Primera Infancia. Además tenemos el comunicado oficial de la Unicef pidiendo que se de marcha atrás con esa decisión. En todos ellos se reconocen que es un programa muy útil, que salva miles de vidas, y aclaran que en ningún momento ninguno de ellos indicó destruir los kits, sino que se hicieron algunas pequeñas consideraciones para mejorarlos. Esto en cuanto especialistas pediatras, pero también tenemos incontables comunicados de organizaciones de especialistas, de decanos de diversas universidades, incluso el de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

—¿Qué es lo que especifican dichos informes entonces?

—Lo que pasa es que están tergiversando los dichos de los informes. El del SAP es un escrito que relativizaba algunas cosas que no existió tal informe de la SAP que es un escrito que relativizaba algunas cosas, hacía alguna referencia a los centímetros de la abertura de la cabeza en la bolsa de dormir y daba algunas recomendaciones de uso. Si esa es la cuestión, las bolsas se pueden arreglar y modificar de ser necesario. En cuanto al Inti, el informe mencionado por el juez Claudio Bonadío ni siquiera tiene la validación oficial. Era  un informe que se realizó a pedido de los técnicos del Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de un trabajo conjunto que se estaba haciendo entre con esa institución. Sobre este tema giran algunas consideraciones de este informe pero que no se aplican a este moisés-cuna. No existe un estándar en el mundo, ningún estándar ni ninguna institución del mundo que mida los estándares de los moisés cunas ni de las que se venden en todas las mueblerías del país ni las de mimbre, ni las de madera ni de ningún tipo de material. Entonces nosotros en un momento encontramos un estándar de calidad que había desarrollado España, se lo dimos al Inti y en conjunto trabajamos sobre modelos para sobre chicos mayores a los 6 meses. ¿Por qué digo esto? Porque el informe del Inti dice que con chicos de más de 9 kilos la cuna puede desfondarse, cosa que además no sucedió porque tenemos madres que han puesto hasta dos chicos en el moisés, que superan los 9 kilos y no tuvieron problemas. Lógicamente, esto es para una cuna de chicos mayores, porque el programa es hasta chicos de 6 meses, que no superan ese peso. Pero además, hay otra cuestión: la cuna va sobre el piso, por lo cual el riesgo de que se desfondara si una mamá pusiera un chico de 10 o 12 kilos es nulo, por lo cual no hay riesgos. Es ridículo tener que explicar esto que es obvio en término físicos, porque uno no se cae más allá del piso.

—¿Entonces que contenía el informe?

—Este trabajo era para desarrollar una cuna más grande, con patas, que iría a medio metro del piso para chicos más grandes. Y para eso se usaba este estándar de España, porque además hay que decirlo, el Inti no controla ninguna de las cunas que se fabrican en el país. La idea era desarrollar un estándar que iba a ser innovador porque en el mundo no existe, y en ese marco se hizo este pre informe que le vuelvo a repetir que no tiene validación ni de la jefatura respectiva del Inti ni mucho menos de la presidencia del organismo. Con lo cual, hay que deducir que todo esto es una gran mentira, una más de tantas usadas por el juez Bonadío para poner en tela de juicio las políticas de recuperación de derechos en la Argentina, que se hace por la vía judicial, es decir judicializando la política, algo que no es nuevo, en este país ya lo hemos visto.

—Los kits se dejaron de repartir hace unos meses antes de que saliera toda esta polémica. De hecho aquí en Rosario hay instituciones que tienen archivados una gran cantidad de kits,. Entonces la pregunta es ¿usted piensa que hay una cuestión política de fondo para esto?

—Claramente. Hasta ahora se entregaron 46.000 kits y no hubo ni un solo problema, esto por un lado. Por el otro,  el ministerio de Salud de la Nación retiró el programa, porque de última el programa debería haber seguido vigente porque tenía un éxito extraordinario e iba a bajar la mortalidad infantil tanto en niños como en madres. Son 2000 chicos y 100 madres sanas que no morirían gracia al plan Qunita, ¡y en ese marco un juez manda a quemar las cunas! No se puede interpretar de otra manera que no sea con una connotación política ideológica, y un mensaje que es muy claro, que es que a nadie más se le ocurra en el futuro establecer un gobierno que amplíe derechos y sobre todos que distribuyan riquezas desde los más ricos hasta los más pobres, porque le vamos a inventar una causa judicial y vamos a destruir todas las obras que haya logrado… entre esas cosas,  les vamos a incendiar las cunas. Es de una irracionalidad tal que sólo puede explicarse desde un fanatismo ideológico y de una posición de desprecio absoluto por los más humildes.

—Daniel, en relación a la otra causa en la cual usted está procesado,  que tiene que ver con los supuestos sobreprecios en la construcción de las cunas y el armado de los kits, ¿qué nos puede decir?

—Mire, los procesos de licitación tienen un entramado muy preciso que está regido por la ley de admministración del Estado. Intervienen un montón de cuerpos especializados que van dando sus dictámenes. La primera resolución que sale, que se acepta como válida con todo el aval de los departamentos jurídicos, que dicho sea de paso,  con más de 30 años en el Ministerio de Salud de la Nación, no se van a equivocar en eso. Luego sigue el proceso licitatorio, ya una vez que se formalizó el llamado a  licitación, dónde interviene el dictamen de la oficina de compras, el dictamen de la oficina de presupuesto, el dictamente nuevamente del departamento jurídico, luego el dictamen de la oficina nacional de compras del gabinete, y luego el dictamen de la secretaría de legal y técnica de presidencia de la nación. Todos esos son cuerpos colegiados  conformados por abogados, contadores y especialistas en el tema de licitación. Todos estos dictámenes son positivos. Cuando yo como ministro, que no debo intervenir en ninguno de los procesos administrativos porque yo designo las políticas y no me meto en la labor de los cuerpos conformados por profesionales de carrera en el Estado,  recibo esos dictámenes, que informan sucesivamente que todo es correcto, tanto yo como el jefe de gabinete,  recibimos esa información, firmamos la disposición administrativa que adjudica los fondos necesarios para cumplir con el proceso licitatorio, que ha cumplido con todas las normas legales y técnicas. Si hubiera habido un solo dictamen que hubiese planteado dudas, podría decirse que hubo mala intención, pero no hubo nada de eso. Yo no podría como ministro haber actuado de otra forma que no sea la de firmar algo que había seguido todo el proceso administrativo correctamente y que todos los cuerpos colegiados habían dicho que estaban bien. Por lo cual, no me queda otra opción que creer que esta es una maniobra política, que se va a demostrar cuando vayamos al juicio oral y público. Y no hay una sola medida de prueba dentro del expediente que diga que este ex ministro tuvo algo que ver con todo el proceso licitatorio. Con lo cual estoy tranquilo que esto se va aclarar. Esto no es más que una parte de todo ese paquete de medidas de juicios y operaciones que el gobierno está impulsando para desacreditar al anterior gobierno y para tapar los desastres de lo que está ocurriendo en el país en términos económicos sociales y políticos.

El reclamo de Unicef

A los pedidos de legisladores, especialistas, médicos y pediatras del hospital Garrahan, fiscales y jueces para dejar sin efecto el fallo judicial que ordena incinerar los 60.000 kits del plan Qunita que no han sido distribuídos, se sumó el resonante reclamo de Unicef Argentina.

La delegación local del programa de las Naciones Unidas que se dedica a proteger los derechos de los niños, emitió un comunicado en el cual se solicita que rever la decisión del magistrado federal, al menos en tanto se determine con un equipo interdisciplinario los aspectos técnicos.

«Ante la actual situación respecto de los moisés y sacos de dormir que integran el kit del Programa Qunita, UNICEF recomienda que antes de tomar cualquier medida, se realice una evaluación interdisciplinaria para rever los aspectos técnicos. La evidencia internacional disponible del uso de este tipo de insumos demuestra que son estrategias que contribuyen a disminuir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, siempre que respondan a estándares de calidad adecuados».

Agrupación kirchnerista pide a legisladores que eviten la quema de los kits

La agrupación «La Néstor Kirchner» pidió hoy al Senado que intervenga para evitar la quema de los kits del «Plan Qunita» ordenada por el juez federal Claudio Bonadio, que investiga presuntos sobreprecios en ese programa de asistencia social lanzado por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Días atrás, Bonadío ordenó incinerar las cunas y las bolsas de dormir de esos kits con el argumento de que «resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría».

En este contexto, «La Néstor Kirchner», agrupación que encabeza el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, presentó una nota a la senadora del PJ-FPV Beatriz Mirkin (Tucuman) y por su intermedio al jefe de esa bancada, Miguel Ángel Picheto, como así también a la diputada nacional Diana Conti.

En la misiva, la agrupación solicita a los legisladores su intervención para evitar la quema de los kits y asegura que «solamente la oligarquía o alguno de sus sirvientes puede disponer la destrucción de un bien que puede salvarle la vida o mejorarle las condiciones a los niños de los sectores populares».

«Desde La Néstor Kirchner nos pronunciamos enfáticamente a favor de la igualdad de oportunidades. A favor de las oportunidades de los niños, a recibir junto al amor de sus padres, un ajuar que de otra manera sus padres no podrían adquirir», señala la carta.

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