Atentado a la Amia: piden más desclasificación de archivos

La Unidad fiscal Amia solicitó al presidente Mauricio Macri una desclasificación masiva de archivos que pudieran existir no sólo en la Agencia Federal de Inteligencia, sino también en todas las áreas del Poder Ejecutivo en relación al atentado del 18 de julio de 1994.

Además, la fiscalía hizo llegar un oficio al presidente de las Cámaras de Senado y Diputados, Gabriela Michetti y Emilio Monzó, respectivamente, a fin de articular un procedimiento de relevamiento de información de ese ámbito.

También al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Susana Malcorra, para acceder a información que pueda existir en otros poderes del Estado, esto es en referencia a sedes diplomáticas e incluso para poder acceder a material que haya sido aportado por otras agencias de inteligencia del exterior.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo había hecho entrega del material desclasificado en 2005, y en marzo de 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner también dio apertura de material secreto pero sólo en lo que hace a aquel que estaba bajo la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia.

«Corresponde así postular la máxima restricción del alcance del secreto respecto de toda la información, actividad, documento, persona o banco de datos relativo a los hechos cuyo conocimiento son competencia de esta unidad a fin de permitir el empleo escrutinio, y publicidad más amplio posible, a la luz del derecho de la sociedad, aún postergado, a perseguir y obtener justicia», sostuvo la UFI Amia.

Además, la fiscalía ha valorado que «funcionarios han afirmado conocer detalles cruciales que no podrían compartir en razón del deber de secreto que lo impediría», ello en referencia al ex presidente Carlos Menem que fue citado y se amparó en el secreto de Estado para no asistir a la audiencia.

«La normativa vigente ofrecen todavía límites formales y de hecho, que parecen contrastar con el objeto fin y último de los sucesivos decretos señalados y con la pretensión de esta instrucción de acceder y facilitar el mayor conocimiento posible de la verdad», argumentó la Unidad Amia.

Además, postularon que «existen otras dependencias cuya información podría resultar relevante y que cuentan también con reglas específicas de reserva, secreto o confidencialidad» como ser el área de Justicia militar, Cancillería o bien las distintas fuerzas de seguridad.

Los fiscales Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini reclamaron a Macri que «instruya a todas las áreas del Poder Ejecutivo que informen a la UFI Amia la metodología empleada en los procesos de relevamiento concluidos hasta aquí» y que «releve del deber de guardar secreto reserva o confidencialidad a todo organismo, funcionario o empleado público de cualquier rango o función».

Según confiaron fuentes judiciales a NA, ya los fiscales de Amia se reunieron con Michetti por la gestión en el Senado para acceder a documentación en esa área, y también con personal técnico e Cancillería que permitió colaborar.

Asimismo, desde el Poder Ejecutivo hubo una respuesta parcial por parte de la Unidad AMIA que se creó en ese ámbito a cargo de Mario Cimadevilla.