Pese a las críticas, el Gobierno mantendrá los cambios al acceso a la información pública
Días atrás, el Gobierno restringió el acceso a la información pública en asuntos que estén relacionados con la vida privada de los funcionarios. Pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que la medida se podría rever, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó que la misma se cambie.
El pasado lunes el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 780/2024, que limitó el acceso a la información pública. A pesar de las críticas que recibió la medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que no darán marcha atrás con las modificaciones.
“Estamos dispuestos a modificar cosas, pero este no va a ser el caso. El acceso a la información pública tiene que servir para eso, no para destinar más recursos de los que se requieren para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado Nacional”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa.
Y añadió: “Esta información no tiene que ir en contra de la privacidad de los funcionarios. Durante esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos de información pública. Han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascotas tenemos, si nuestras mascotas son felices, si el doctor (Alberto) Fernández cursó la Ley Micaela o qué materias dictaba en la UBA”.
“Queremos terminar con esto que consume muchos recursos públicos y que no hace que la gente esté enterada de lo que pasa. En 2020 se recibieron 57 pedidos de acceso a la información púbica, en 2022, 95, en 2023, 65, y hasta agosto, 558. Queremos ordenar esto de que se pregunten cosas que no hacen a la utilización de fondos y a la honestidad del funcionario y que concentra muchos recursos para atender este tipo de cuestiones”, cerró Adorni, quien aseguró que el decreto del pasado lunes no se modificará.
En el Decreto 780/2024 se cambió la definición de información pública: “No se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.
Asimismo, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275 en lo que mencionaron como “buena fe”, y estableció que “la violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
El decreto también consideró que “la Agencia de Acceso a la Información Pública tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”.
El pasado miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso en la Cámara de Diputados y, al ser consultado sobre este tema, apuntó: “La intención fue tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda. No se pretende ocultar información pública”.
En este sentido, se comprometió a “recoger las inquietudes” planteadas por los legisladores, para transmitírsela al presidente Javier Milei. “Veremos si tenemos necesidad de modificar el decreto. No tenemos ningún reparo en dar todas las respuestas de ser necesaria”, dijo el jefe de Gabinete, aunque la posibilidad de dar marcha atrás con el decreto fue desterrada por Adorni.