ATE profundiza el plan de lucha ante la ola de despidos y anuncia un paro para este viernes
La medida de fuerza exige la reincorporación de todos los trabajadores desvinculados y el pase a planta del personal precarizado.
La seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Rosario) anunció una nueva medida de fuerza para este viernes, en el medio de la ola de despidos que impulsa el Gobierno nacional comandado por Javier Milei.
Los detalles del paro de actividades que llevarán adelante los trabajadores estatales será comunicado oficialmente en la tarde de este jueves, en una conferencia de prensa pactada para las 17.30 en el predio de la Ex Rural, de Bv. Oroño 2493.
Dicho contacto con los medios de comunicación tendrá lugar minutos antes del inicio de la asamblea anual de ATE, el espacio de mayor participación del sindicato.
La medida de fuerza local se plegará al paro impulsado por ATE nacional, que busca rechazar la ola de despidos injustificados que inició la gestión de Milei, con impacto en todos los puntos del país.
Esta decisión del Gobierno nacional generó escenas dramáticas en distintas dependencias del país, donde el Ejecutivo dispuso la presencia de efectivos de la Policía Federal para custodiar los edificios oficiales.
“Esta escalada del conflicto en el Estado es responsabilidad del Gobierno de Milei, que ha decidido desatar un nivel de agresión y un ataque inusitado sobre nuestros derechos laborales”, manifestó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Al momento de enumerar las razones que impulsan el paro nacional, ATE planteó los siguientes puntos:
– Reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados y cese de los despidos.
– Regularización de todos los vínculos contractuales y pase a Planta Permanente para todos los trabajadores.
– Aumento salarial que supere la inflación.
– Cese de las políticas de ajuste.
– Rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
– Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todos los trabajadores jubilados.
– Anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
– Cese de las políticas de amedrentamiento hacia los trabajadores estatales.
– Anulación del DNU 70/23.