Derogación de la Ley de Tierras: el campo se mostró dividido en su postura
Mientras que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) respaldo la medida, la Federación Agraria (FAA) se opuso rotundamente. Miradas de uno y otro sector para entender que se juega con la eliminación de una normativa trascendental en lo que hace a la defensa de los recursos naturales nacionales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, el miércoles pasado, despertó todo tipo de reacciones en vastos sectores sociales, entidades públicas, privadas, empresarios y actores decisivos en la cadena de valor productiva de la Argentina.
En ese sentido, una de las entidades más importantes que puso el grito en el cielo fue la Federación Agraria Argentina (FAA), a partir de la derogación de la denominada ‘Ley de Tierras’, lo que motivó un comunicado en el cual expresó su contundente rechazo a la iniciativa.
FAA sobre el mega DNU pic.twitter.com/AF5GTCqDn9
— Federación Agraria Argentina (@fedeagraria) December 21, 2023
Allí, cuestionó que los profundos cambios que intenta llevar adelante el Gobierno sean a través de un decreto, pasando por arriba de su tratamiento correspondiente el Congreso –más allá de que el DNU efectivamente puede ser rechazado por ambas cámaras–, pero centró su atención especialmente en la polémica reforma.
«Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones», citó textualmente Milei al enumerar un grupo de 30 de las más de 300 normativas que pretende dejar sin efecto o cambiar, un auténtico atropello a los derechos individuales y colectivos conquistados y también al estado de derecho, que tanto costó restaurar. Este hecho motivó manifestaciones en diversos puntos del país, con Rosario, Buenos Aires y hasta Córdoba como epicentros fundamentales.
La iniciativa había sido solicitada previamente por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) durante la campaña presidencial y se profundizó tras la asunción del candidato libertario.
¿QUÉ PROPONE LA LEY DE TIERRAS?
En concreto, lo que establece la «Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras» es que los territorios rurales de Argentina en manos de extranjeros no puede superar el techo del 15%.
Además, define un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y otras regiones del país por persona extranjera.
En relación a esto, un mapa elaborado por el propio Estado nacional detalla que solo el 6,09% de la tierra argentina es propiedad extranjera.
En este contexto, desde CAIR consideran que atraer el ingreso de capitales foráneos «puede reactivar el mercado y darle a la tierra un mejor valor, teniendo en cuenta que, comparado con los precios de otros países, Argentina está muy rezagada». Un claro respaldo a la medida anunciada por Milei, que entrará en vigencia el 29 de diciembre, según adelantó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni.
FEDERACIÓN AGRARIA: RECHAZO FIRME
La Federación Agraria, por su parte, considera todo lo contrario, lo que marca la diferencia de criterios y miradas por parte del campo en torno a la disposición. «Si bien el DNU contiene aspectos positivos y negativos, queremos dejar expresado desde ya nuestro rechazo en particular a la apertura irrestricta de la compra de tierras por parte de extranjeros en nuestro país», subrayó la entidad.
«Sin límites, ponemos en riesgo la supervivencia de los productores y la soberanía de nuestros recursos naturales», remarcó.
Sumado al no acompañamiento a la reforma, la organización también reflejó opinión por otra temática que incluye al rubro, como es el mencionado aumento de las retenciones.
«Con el pretexto de atraer inversiones, es necesario recordar que durante 21 años desde el sector agropecuario hemos aportado casi 200 mil millones de dólares en concepto de retenciones, que ha sido la herramienta que provocó la desinversión y la desaparición de miles de pequeños y medianos productores», recordó.
En torno a ello, le dejó un mensaje al Gobierno, con cierta ironía: «Es oportuno aclarar, también, que si nos sacaran las retenciones, estaríamos en condiciones de generar las inversiones que tanto anhela el Gobierno y espera de parte de los extranjeros».
DIVISIÓN DE PODERES: EJE CLAVE
Por otro lado, la entidad que comanda Carlos Achetoni también apuntó contra el DNU porque consideró «fundamental el respeto a la división de poderes, así como también al saludable funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que prevé la Constitución Nacional, pues ella impide el avasallamiento de un Poder sobre el otro».
«En este sentido, entendemos que acciones que tienden a cambiar drásticamente la vida social, productiva, económica y cultural de los argentinos deberían ser debatidas por el Poder Legislativo en el Congreso de la Nación. Y, más allá de las mayorías con las que se arriba al Gobierno, de las que siempre hemos sido respetuosas, como entidad estamos convencidos de que el hecho de que los gobernantes se ciñan a la Constitución y sus preceptos no es optativo ni discutible», concluyó.