Con el anuncio, todavía fresco, del pedido de juicio político a los camaristas que avalaron la paritaria bancaria, Vidal consiguió un fallo que la autoriza a descontar los días a los docentes que paren. Crece la tensión en la paritaria.
En medio de las calientes negociaciones que mantiene el gobierno bonaerense con los gremios docentes para intentar destrabar la paritaria, la Justicia autorizó a la administración de María Eugenia Vidal a descontarles los días a aquellos maestros que participen de un paro.
La noticia se conoció ayer, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Adminstrativo hiciera lugar a una medida cautelar del Ejecutivo bonaerense y revocara una resolución anterior que prohibía dejar de pagar las jornadas de huelga.
El conflicto judicial fue iniciado por la CTA Autónoma el año pasado, luego de que un grupo de trabajadores afiliados a la central sufrieran una reducción en su sueldo por participar de una medida de fuerza cuando se discutía un aumento salarial.
En esa oportunidad, el juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, falló a favor de los trabajadores y el gobierno tuvo que devolver los montos descontados. Más tarde la administración de María Eugenia Vidal apeló ante la cámara que ayer aceptó su planteo.
Entre otros argumentos, se opuso al punto que indicaba que un descuento de este tipo constituía un acto de “discriminación sindical”. El magistrado justificó su consideración con una serie de decisiones similares que emitió el tribunal y su postura fue acompañada por otros jueces.
Los representantes del gobierno volverán a reunirse con los docentes este jueves, cuando falten apenas diez días para el comienzo del ciclo lectivo. En el primer encuentro de la Comisión Técnica Salarial, Vidal ofreció a los gremios un aumento de un piso del 18% anual, a abonarse en cuatro cuotas del 4,5% y atadas, cada una, al índice de inflación del Indec.
En principio, Vidal no tiene previsto moverse de esa posición. Tampoco los docentes, que pretenden que primero se discuta la pérdida del poder adquisitivo del salario del año pasado, que estiman entre un 8 y 10 por ciento, y piden para este año un incremento del orden del 25 por ciento, lo que eleva el reclamo a un 35 por ciento.
