Temer desplegó tropas militares en Brasilia mientras crece la presión para su salida

Brasilia amaneció este jueves con sus edificios públicos custodiados por 1.500 militares, luego de violentas protestas contra el presidente conservador Michel Temer, cada vez más presionado para dejar su cargo por acusaciones de corrupción.

Las fachadas de varios ministerios mostraban aún las huellas de la masiva manifestación opositora del miércoles, en la que jóvenes encapuchados dejaron cristales rotos y parte del mobiliario quemado.

Ante el caos, Temer ordenó desplegar tropas militares en las calles de la capital, una medida polémica y de alta sensibilidad en un país que vivió una larga dictadura entre 1964 y 1985 y que alimentó las críticas de sus adversarios.

«No recuerdo haber visto algo así ni en el período de la dictadura militar», dijo la noche del miércoles el diputado Carlos Zarattini, del Partido de los Trabajadores (izquierda) fundado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El gobierno justificó su medida en que los ataques de los manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos y obligaron a evacuar al personal, en medio de una lluvia de gases lacrimógenos y duros choques entre policías y activistas.

El presidente «no dudará en ejercer la autoridad que el cargo le confiere siempre que fuera necesario», señaló el Palacio de Planalto en un comunicado emitido tras los incidentes.

La jornada de protestas en Brasilia -que congregó entre 45.000 y 100.000 personas, según las autoridades o los organizadores- se saldó con 49 heridos, uno de ellos por arma de fuego, siete detenidos, así como con daños en ocho ministerios y en la Catedral, de acuerdo al recuento de la secretaría de Seguridad del Distrito Federal.

 La salida de Temer 

Mientras Temer es asediado por investigaciones sobre corrupción, que incluyen un supuesto aval para comprar el silencio de un ex diputado preso, el Congreso ya debate a puertas cerradas una eventual sucesión.

«Si el presidente Temer por acaso tuviera que salir, sería por un proceso constitucional», manifestó el senador Tasso Jereissati, presidente del PSDB (centro-derecha), una de las principales fuerzas de la coalición oficialista.

Temer dijo que no renunciará y, como respuesta, recibió la presentación de 16 pedidos de impeachment ante la Cámara de
Diputados.

Este jueves se espera que se sume el de la Orden de Abogados de Brasil, una entidad que jugó un papel clave en el juicio que hace un año destituyó a Dilma Rousseff por manipular las cuentas públicas y puso fin a un ciclo de 13 años de la izquierda en el poder.

Pero muchos en el Parlamento apuestan a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral, que a partir del 6 de junio examinará una denuncia para anular el resultado de las elecciones de 2014, en las que fue reelegida la fórmula Rousseff-Temer.

Irónicamente, esa acusación por abusos cometidos en la campaña llegó de la mano de su actual aliado, el PSDB, que fue derrotado ajustadamente en esos comicios.

La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo.

Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional por parte de un Congreso desprestigiado, donde decenas de legisladores están investigados por su posible participación en una red de sobornos en Petrobras.

A un año del impeachment 

Brasil entró en zona de turbulencia apenas un año después del impeachment de Rousseff.

Temer tomó su relevo para completar el mandato hasta finales de 2018 buscando aplicar un programa de severos ajustes para sacar al
gigante latinoamericano de la peor recesión de su historia.

En momentos en que la economía comenzó a dar las primeras señales de recuperación, pese a tener un desempleo récord y un enorme déficit fiscal, los escándalos de corrupción volvieron a golpear, esta vez sobre la figura presidencial, además de varios ministros y gran parte de los aliados.

La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada con la divulgación de una grabación de Temer realizada por el dueño de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, Joesley Batista, que resultó altamente comprometedora.

El Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre el caso y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.